La consulta soberanista del lendakari Juan José Ibarretxe sigue el guión previsto. El abogado del Estado ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley que convoca la consulta. Una hora después de que la norma haya salido publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el Gobierno ha puesto en marcha su respuesta en forma de recurso que trasladará al Constitucional. El Ejecutivo pretende evitar que el gobierno vasco asuma competencias que no le corresponden. En concreto, la competencia para llevar a cabo una convocatoria de este tipo. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha declarado que este recurso pone fin "al disparate".

Bermejo ha apelado al sentido común y ha recordado que, una vez que el recurso sea admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC), la norma recurrida quedará suspendida durante cinco meses, mientras el tribunal resuelve.

Ante la posibilidad de que el Gobierno vasco decidiera mantener su consulta, Bermejo ha dicho que "todas las posibilidades legales están ahí para ser utilizadas", pero ha insistido en que en un asunto como éste no se deben hacer especulaciones, sino estar atentos para ver cómo se resuelven las cosas".

El PP también recurre

Al igual que el recurso presentado por el Ejecutivo contra la ley que convoca una consulta popular sobre el diálogo y la normalización política en el País Vasco, el PP también ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional.

El recurso del PP no supondrá la "suspensión inmediata" de la aplicación de la norma, como sí ocurre con el que presenta el Ejecutivo, según establece la Constitución en su artículo 161.2

Un paso más

"Recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política" es el objeto de la ley que publica en su primera página el Boletín Oficial del País Vasco.

La misma ley que el Gobierno se ha dispuesto a paralizar de forma inmediata. Si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso dejará cinco meses en suspenso la aplicación de la ley promovida por el lendakari.