El presidente dice que habrá menos recortes

El Gobierno va a atenuar, seguramente en el Consejo de Ministros del próximo día 20, el recorte de las inversiones en infraestructuras. Lo anunció José Luis Rodríguez Zapatero en Palma de Mallorca, tras el encuentro con el Rey en el palacio de Marivent, apenas un mes después de que el Ministerio de Fomento diera a conocer los duros ajustes en obras de infraestructura. Además, el jefe del Ejecutivo consideró que en el tercer trimestre el crecimiento de la economía española será menor que en el segundo. Según sus palabras, el tercer trimestre "no será tan bueno" como el segundo.

"En 10 ó 15 días podremos dar alguna noticia positiva -anunció el presidente-, que afectará a la mayoría de las comunidades y supondrá un alivio, un empujón importante para las empresas constructoras". Así lo indicó Zapatero, en la línea de lo avanzado hace unos días por el secretario de Estado de Infraestructuras, el aragonés Víctor Morlán.

Con ello atiende tanto las sugerencias del ministro de Fomento y de los expertos independientes como las demandas del sector empresarial y las presiones de una mayoría de los dirigentes autonómicos. En los mercados, siempre dispuestos a reproducir las tensiones si se detectan oportunidades de negocio, la noticia provocó un tirón al alza del riesgo país y los seguros de impago, estabilizados en las últimas sesiones.

Si las Administraciones Públicas españolas realizan más pagos -interpretan los inversores- tendrán más dificultades para cumplir sus ambiciosos objetivos de reducción del déficit. El diferencial de las obligaciones españolas a diez años con el bono alemán del mismo plazo se disparó hasta 164 puntos básicos -casi un 10% de subida en un día-, el nivel más alto tras la publicación de los resultados de las pruebas de solvencia del sector bancario. Y el coste de asegurar la deuda española volvió a escalar por encima de los 200 puntos básicos como en julio.

Ajuste sobre ajuste

Los inversores apenas prestaron atención al mensaje de Zapatero, quien reiteró el compromiso de reducir los números rojos de las cuentas públicas hasta el equivalente al 3% del Producto Interior Bruto en el ejercicio 2013.

La actualización del programa de estabilidad presentado por España a Bruselas marcó el pasado enero una reducción gradual de la financiación de la obra pública, desde el 4,4% del Producto Interior Bruto en 2009 hasta representar el 2,9% en 2013. Vino después el ajuste adicional del pasado mayo, que relegó unos cuantos planes al cajón de los futuribles con la rescisión de un 10% de los contratos, y reprogramó proyectos ya en marcha para repartir durante un plazo más largo los desembolsos. Dirigentes territoriales se apresuraron a conseguir de la Moncloa o de José Blanco el compromiso de que sus más mimados planes no se verían afectados.

Los expertos habían advertido de las consecuencias que el ajuste tendría en el crecimiento, y se siguen mostrando más partidarios de recortar el gasto corriente que el de inversión.

Junto a la presión de los dirigentes territoriales, la del 'lobby' constructor no ha sido menor. El presidente de la patronal de las constructoras Seopan, David Taguas -que fue jefe de la oficina económica de la Presidencia del Gobierno- reiteraba ayer en un artículo publicado en 'El País' las graves consecuencias que, a juicio del sector, podría generar el doble ajuste.

Le atribuía una caída inmediata de una décima de PIB, que podría llegar hasta el medio punto porcentual en el medio plazo, así como la destrucción de 72.000 empleos, que aumentarían a 166.000 en dos años y medio. Un sacrificio de escaso rendimiento, según los constructores.

La paralización de la actividad pública llegará a suponer, de acuerdo con sus cuentas, la desaparición de un retorno fiscal de 3.800 millones de euros, porque el negocio no desarrollado no paga impuestos. Hechos los números, defienden que por cada 100 euros de recorte de la inversión pública, el ahorro presupuestario queda reducido de entrada a 20 euros. A partir de ahí todo son daños para el crecimiento y el empleo.

Entre las actuaciones a emprender, Taguas sugiere considerar el establecimiento de tasas o peajes ya en el proyecto de cuentas públicas de 2011.