Zapatero insiste en pactar la financiación antes del día 15

José Luis Rodríguez Zapatero ha dado instrucciones a sus dos negociadores de la financiación autonómica, Elena Salgado y Manuel Chaves, de que mantengan como fecha tope para cerrar el acuerdo el 15 de julio. Un plazo que parece improbable que se cumpla porque las negociaciones, pese a los avances, están lejos de cerrarse según dicen los protagonistas. Por si acaso, la Moncloa matiza la precisión presidencial y evita dar fechas concretas aunque garantiza que el acuerdo se cerrará "en poco tiempo".

Cinco presidentes autonómicos han pasado en los últimos días por el despacho de la vicepresidenta segunda, y varios de los que no lo han hecho tienen cita la próxima semana, pero no hay acuerdo, las espadas siguen en alto. No es una ciencia exacta porque la negociación es fluida y cambia de un día para otro, pero el Gobierno cree tener la conformidad, a falta de ciertos flecos, de un puñado de comunidades, entre ellas, Andalucía, Cataluña, Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha.

Persisten, en cambio, los desacuerdos con el llamado 'frente del noroeste', Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, al que se han incorporado La Rioja y Extremadura. El acuerdo con el resto, según el diagnóstico gubernamental, está más cerca que lejos.

El Ejecutivo es optimista y espera cerrar el pacto "en unos días", en palabras de María Teresa Fernández de la Vega, quien no cayó en la trampa del calendario. Error en el que volvió a incurrir Zapatero el 16 de junio en Barcelona, cuando anunció que "en una o dos semanas" habría acuerdo. Ese plazo, como tantos otros, también expiró sin entendimiento. El jefe del Ejecutivo, sin embargo, insiste en el del 15 de julio, comprometido en el debate sobre el estado de la Nación, y ha urgido a sus colaboradores para que sea la fecha definitiva. En el PSOE, sin embargo, ven "muy difícil" que para ese día esté todo cocinado.

Las fricciones están ahora en el reparto de la aportación gubernamental de 9.000 millones adicionales, que las autonomías pretenden estirar hasta los 10.000 u 11.000. La negativa del Gobierno a dar cifras, se espera que lo haga el jueves o el viernes, ha hecho que pocas comunidades hayan descubierto en público sus cartas, pero por lo poco que se ha avanzado el entendimiento es casi inviable. Cataluña pretende ingresar 3.000 millones de esa suma, la Comunidad Valenciana, 1.200, y Galicia, 350 millones; es decir, que entre las tres pretenden acaparar más de la mitad de la tarta si esta es de 9.000 millones. Y eso que falta por escuchar las demandas de las otras 12 autonomías.

Pero la distribución de los recursos que está dispuesto a poner el Gobierno no es el único quebradero de cabeza. Ninguna comunidad está dispuesta a retroceder puestos en relación al modelo vigente y si ahora recibe un porcentaje de los recursos del sistema quiere ingresar ese mismo tanto por ciento en el futuro.

El Gobierno ha insistido en que todas las comunidades van a recibir más dinero en términos absolutos, pero más recursos no significan un mejor porcentaje sobre el total. El caballo de batalla radica en los criterios de reparto.