Zapatero advierte de que no aceptará "trucos" que menoscaben los derechos de los sin papeles

"El Gobierno de España no va a consentir que por un truco de un Ayuntamiento haya seres humanos sin asistencia sanitaria o sin derecho a asistir a la escuela; no lo vamos a permitir". José Luis Rodríguez Zapatero se mostró más que contundente en su respuesta al órdago sobre la negativa al empadronamiento de inmigrantes que, al calor de la precampaña para las elecciones catalanas, ha lanzado el alcalde nacionalista de Vic (Barcelona), y que, con algunos matices, practica desde hace meses el Consistorio madrileño de Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP.

En la rueda de prensa que ofreció en el Parlamento Europeo, el presidente dejó clara la posición del Gobierno: ni mirará para otro lado ante los intentos del Consistorio catalán de excluir del padrón a los sin papeles ni impulsará reformas legales para endurecer la recién aprobada Ley de Extranjería, como demanda el PP.

Zapatero venía ya con el ánimo caldeado cuando se le preguntó sobre esta cuestión. Había tenido que responder a un europarlamentario de ultraderecha que le había echado en cara en el pleno su política sobre inmigración y que reclamó "cerrar las fronteras". Como presidente de turno de la UE replicó que es falso que él sea partidario de una "inmigración masiva". "Es rotundamente falso que sea partidario de la inmigración masiva, pero sí de respetar masivamente los Derechos Humanos de todas las personas, vengan de donde vengan", manifestó entre los aplausos de buena parte de la Cámara. También recordó que existe un pacto europeo sobre esta materia, acordado durante la Presidencia francesa, que suscribe España.

Fuera del hemiciclo insistió en que su Ejecutivo defiende la inmigración legal y lucha contra las mafias de la inmigración, pero recordó que existen unos derechos "inalienables" que no pueden ser pasados por alto. "Hemos luchado durante décadas para que eso no nos pasara a nosotros, los españoles, cuando teníamos que estar fuera, como para que ahora permitamos que pase en nuestro país", dijo.

"¿En Europa llama la atención que un presidente de Gobierno diga que también hay que proteger los Derechos Humanos de los inmigrantes? -remachó-. Pues si es así hay motivos para preocuparse, porque esta es la casa de una gran región que nació políticamente como baluarte de los derechos fundamentales de todas las personas, tengan el color de piel que tengan y vengan de donde vengan".

En España, los dirigentes socialistas defendieron que el debate reabierto por el PP tras el caso de Vic no es más que "una irresponsabilidad" fabricada desde el "populismo" y el "electoralismo", como lo demuestra que ponga en tela de juicio una medida que puso en marcha el propio Mariano Rajoy, en 1997, cuando era ministro de Administraciones Públicas.

El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, aseguró que los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todos sus residentes y que tendrán que hacerlo "sin excusas de demagogia y oportunismo". El ministro de Fomento, José Blanco, cree que el PP actúa en este asunto de "forma populista". La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, recordó al PP que "es irresponsable llamar a determinados sentimientos" solo "por arañar un puñado de votos". Y José Antonio Alonso, el portavoz parlamentario, cerró la ofensiva con la afirmación de que los populares "resucitan" siempre el debate de la extranjería ante periodos electorales y lo hacen con "demagogia" y "falacias".

Desde el PP, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, aclaró que el PP nunca abogará por la insumisión y, por tanto, no "abanderará el incumplimiento de una ley (Extranjería) por muy en desacuerdo" que estén con la norma. Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, recuperó una de las banderas electorales del PP, el contrato de integración de los inmigrantes, que reclama que la legalización requiera de un compromiso explícito de aceptación de los valores constitucionales. Destacó que "hay que dejar bien claro" a los inmigrantes que solo pueden llegar a España "con papeles y empleo", porque es "la única forma de integrar y ordenar" a los extranjeros "con plenitud de derechos y deberes".