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Nacional

CATALUÑA

Vic ratifica el veto a los sin papeles con el apoyo de CiU, ERC y el PSC

El alcalde, que insiste en la legalidad de la medida, aplaza su aplicación hasta febrero, tras la celebración de un nuevo pleno.

El alcalde de Vic seguirá adelante con su polémica decisión de negar el padrón a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. El Ayuntamiento de la población barcelonesa celebró ayer un pleno municipal, en el que el alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal, de CiU, insistió en defender la legalidad de la medida, a pesar del rechazo recibido desde el Gobierno central, los sindicatos y las organizaciones sociales y cívicas.

 

Vila d'Abadal, no obstante, anunció que los nuevos criterios de empadronamiento de inmigrantes, que deberán estar en situación legal y con permiso de residencia para inscribirse en el municipio catalán, no se aplicarán hasta el 4 de febrero. Un día antes, el Consistorio celebrará un nuevo pleno, en el que podrían introducirse cambios en el controvertido proyecto, tachado de ilegal e incluso xenófobo. El alcalde dijo, en cambio, que pone orden, avanza en la integración de la inmigración y coloca a las personas inmigradas dentro de la comunidad.

 

Hasta la fecha, el acuerdo entre las tres formaciones que forman el equipo de gobierno de Vic, CiU, ERC y el PSC, es total, si bien ayer el portavoz de los socialistas, Josep Burgayó, dejó entrever un cierto distanciamiento. "Si una instancia superior al Ayuntamiento determina que la medida es ilegal, estamos dispuestos a retirarla", dijo.

 

Quien no lo hará es Josep Anglada, concejal de la Plataforma per Catalunya (PxC), formación de ultraderecha que es la segunda fuerza por número de votos y ediles, cuatro, en Vic. "Esta medida la celebramos porque nosotros lo hemos dicho siempre, los inmigrantes ilegales no deben tener derecho a ningún tipo de ayuda social, ya sea sanitaria o de escolarización", señaló. Y concluyó: "Porque la inmigración ilegal no nos aporta nada bueno ni a nuestra ciudad ni a nuestro país. Al contrario, el inmigrante ilegal nos aporta más gasto social y delincuencia".

Informe de la Abogacía

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que esperará al informe que realice la Abogacía del Estado sobre la decisión del Ayuntamiento de Vic. No obstante, defendió "los derechos vinculados a la dignidad del ser humano".

 

El PP, en palabras del coordinador de Política Autonómica y Local, Juan Manuel Moreno, afirmó que la "errática" política de inmigración del Gobierno está detrás de la situación en Vic.

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