El conseller valenciano de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha anunciado que la futura Ley de Integración del Inmigrante de la Generalitat Valenciana contemplará un compromiso de integración por el que los inmigrantes deberán asumir "nuestro modelo de convivencia y nuestra escala de valores".

El conseller, que se ha referido a este "compromiso" antes de participar en la presentación de un informe sobre educación en los países de conflicto, ha destacado la importancia de que los inmigrantes se comprometan a respetar los derechos humanos y el sistema democrático.

Blasco ha definido la Comunitat Valenciana como una "tierra de oportunidades" a la que puede venir cualquier persona, aunque ha manifestado la necesidad de que estas personas se integren en los valores, costumbres, tradiciones y sistema de convivencia valencianos para "no perder la cohesión social de la región".

"El no cumplimiento del compromiso hace imposible la integración", ha subrayado el conseller, quien ha afirmado que las más de 80 mil personas que viven en la Comunitat de forma irregular "no tienen las circunstancias personales adecuadas para que se propicie la integración".

Tope en las escuelas

Por otro lado, la Generalitat de Cataluña fijará el tope de inmigrantes que podrán escolarizar en cada área los centros educativos, para evitar los guetos, y otorgará a las escuelas una mayor autonomía de gestión que les permitirá incluso definir y aplicar un currículo académico propio.

Éstas son algunas de las novedades que recoge el anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña, acordado entre los socios del gobierno catalán, que renuncia a la pretensión del departamento que dirige Ernest Maragall de abrir la escuela a la iniciativa privada, lo que provocó la huelga de docentes del pasado 14 de febrero.

El anteproyecto, presentado en conferencia de prensa por el conseller, establece que la gestión de los centros públicos continuará en manos públicas, aunque podrán ejercerla consorcios creados por la Generalitat y los ayuntamientos, e incluso se prevé la existencia de centros propios con modelos de provisión de docentes extraordinarios.

Respecto a los inmigrantes, y con el objetivo de combatir su concentración en la red pública y en determinados centros, la ley afirma que se establecerá la proporción máxima de estos menores que pueden ser escolarizados en cada centro y grupo, en función de unas áreas.

Maragall ha concretado que el tope será diferente en función de las zonas educativas, que deberán reflejar la realidad sociológica de su entorno, aunque afectará por igual a escuelas públicas y concertadas.

Además, la Generalitat prevé que los centros con menos inmigrantes puedan incrementar en un 10% el número máximo de alumnos en sus aulas para poder dar cabida a estos estudiantes, que en la actualidad se escolarizan en un 80% en la escuela pública frente a un 20% de la concertada.

Un ejemplo claro de la autonomía que ganarán escuelas e institutos con esta ley es que la Generalitat les permitirá definir y aplicar su propio currículo académico, que deberán garantizar que los alumnos asuman las competencias básicas fijadas por la administración.

En el ámbito de la financiación, el anteproyecto de ley, cuya tramitación parlamentaria prevé Educación que acabe este año, se compromete a un incremento de los recursos destinados a la educación en general hasta alcanzar al menos la media de inversión de los países europeos.-