El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) archivó el caso Camps el pasado agosto a pesar de conocer que en el sumario había ya datos que apuntaban la supuesta financiación ilegal del PP en esa comunidad. La corte valenciana sabía que la investigación estaba en su fase preliminar. Fue Baltasar Garzón, el primer instructor del caso Gürtel, quien se lo comunicó de manera insistente al tribunal hace siete meses.

El jueves, la Fiscalía pidió al Supremo la reapertura de la investigación sobre el presidente de la Generalitat y tres de sus colaboradores por la precipitación con la que el tribunal dio carpetazo al caso, sabedora de que esos datos sobre las cuentas populares ya obraban en poder de los jueces valencianos cuando decidieron archivar.

En marzo, Garzón se inhibió a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia al encontrar indicios contra aforados del PP de ambas autonomías. Fue entonces cuando el magistrado de la Audiencia Nacional remitió al Tsjcv un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que revelaba la existencia de irregularidades en las cuentas de la formación popular en Valencia. Según fuentes de la investigación, ese documento, fechado el 24 de febrero, se incluía en la "copia testimoniada de la causa" que fue remitida a la Comunidad Valenciana el 5 de marzo.

Garzón advirtió en varias ocasiones al Tsjcv de que la Policía Judicial estaba "practicando las primeras diligencias y análisis de la documentación intervenida". Es más, insistió a los jueces en que la investigación se hallaba en "estado embrionario", por lo que ni siquiera el estudio de los papeles incautados había "concluido".

Los avisos no se quedaron ahí. Garzón reiteró a los magistrados que tocaba esperar el resultado de las diligencias policiales y les alertó de que las imputaciones y el dinero supuestamente recibido por la cúpula popular podían variar.

Datos significativos

Según mandos policiales, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que recoge numerosos datos que apuntan a la supuesta financiación irregular -y que el Tsjcv rechazó incluir en la causa- es en realidad "una ampliación" del documento de febrero en el que ya se anticipaban datos igualmente significativos.

Los mandos de la UDEF no se explican el revuelo que ha causado este segundo informe en el tribunal valenciano, cuando los propios magistrados conocían por boca de Garzón que la investigación seguía en marcha con el consentimiento de la Audiencia Nacional. Y máxime cuando los jueces sabían que las pesquisas policiales sobre la financiación iban a derivar en nuevos informes.

Así, Garzón informó hace siete meses al tribunal de que la Policía había encontrado en un lápiz de memoria gran parte de la contabilidad B de Álvaro Pérez. El informe de marzo ya indicaba que el X Congreso Regional del PP, celebrado en Valencia en septiembre de 2002, había sido pagado en parte con dinero negro.

La UDEF para entonces ya había informado a Garzón (y este al Tsjcv) de que también en los libros de contabilidad opaca de la trama aparecían al menos dos apuntes cercanos al medio millón con destino o salida del PP. Y que ese dinero era más que probable que tuviera su origen en "adjudicaciones amañadas". El instructor, una vez más, advertía de que ese asunto, que dejaba en manos del tribunal valenciano, "estaba pendiente de investigación".