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PAÍS VASCO

Urkullu alega que la consulta vasca tiene como objetivo "orientar la actividad de los partidos"

El presidente del PNV y el resto de líderes nacionalistas señalan al TC que la iniciativa no varía el estatus del País Vasco

Las alegaciones del tripartito vasco -PNV, EA y EB- y de Aralar ante el recurso del Gobierno a la Ley de Consulta del Parlamento vasco se basan en que ésta no es vinculante y no constituye "un mandamiento" para modificar el estatus jurídico de Euskadi, según sus promotores.

En rueda de prensa, los máximos responsables de estas formaciones, Íñigo Urkullu, Unai Ziarreta, Javier Madrazo y Patxi Zabaleta, explicaron los fundamentos de esas alegaciones, presentadas una hora antes en el Registro del Tribunal Constitucional (TC), así como el levantamiento de la suspensión pedida por el Gobierno central.

El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, aseguró que el objetivo de la consulta aprobada por el Parlamento vasco "es orientar la actividad de los partidos", por lo que su celebración "no tiene consecuencias negativas" y su resultado no constituirá obligación jurídica para el Estado ni un mandato para modificar el ordenamiento constitucional. En nombre de PNV, EA, EB y Aralar, Urkullu tachó de "provocación" los argumentos de José Luis Rodríguez Zapatero contra la ley que faculta el referendo que el lendakari quiere celebrar el 25 de octubre.

En sus alegaciones, los responsables nacionalistas insisten en la necesidad de que el Constitucional decida antes del 15 de septiembre, fecha prevista en la ley para convocar la consulta. Lo contrario, subraya su texto conjunto, dejaría "arrumbada y sin efecto alguno" la decisión del Parlamento vasco, que consideran "legítima, legal y democrática".

El plazo para pronunciarse

La falta de un pronunciamiento claro antes de ese día no solo impediría la aplicación de la norma, sino que convertiría en ineficaz una eventual sentencia favorable a la celebración de la consulta, al tratarse de una ley de caso único, que agota su vigencia con su mera aplicación. El Constitucional tiene de plazo hasta el 15 de diciembre para pronunciarse. Urkullu expresó su convicción de que el recurso de inconstitucionalidad tiene poco que ver con la consulta que desea realizar Juan José Ibarretxe, y mucho con la "estrategia electoral" del PSOE de cara a las próximas elecciones autonómicas vascas.

El presidente de EA, Unai Ziarreta, ahondó en ese argumento y recalcó que el verdadero objetivo que persigue Rodríguez Zapatero es "que el próximo lendakari no sea nacionalista para sacar el derecho (de los vascos) a decidir del centro del debate político". Ziarreta retó al jefe del Ejecutivo a "que explique a la sociedad vasca por qué no tiene derecho a opinar".

El coordinador general de EB y consejero de Vivienda del Gobierno vasco, Javier Madrazo, fue el representante más duro en sus declaraciones y señaló que "Zapatero va a pasar a la historia como el presidente que habló con ETA y Batasuna, incluso tras el atentado de la T-4, que pactó con ambas y que sin embargo se niega a escuchar a la sociedad vasca". El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, defendió la iniciativa del lendakari como "un intento de paz para la sociedad vasca y la española" y aseguró tener "algunas esperanzas" de que el Constitucional acepte "en todo o en parte" la ley de consulta.

Por su parte, el Gobierno, según desgrana el abogado del Estado en un escrito de 12 folios, está convencido de que la consulta que quiere celebrar el lendakari en el País Vasco no es más que "un instrumento" con el que pretende "forzar" al Gobierno central a asumir sus planes soberanistas. En otras palabras, dice que se trata del plan B del lendakari después de que el presidente Rodríguez Zapatero rechazara sus "dictados políticos" en la entrevista que mantuvieron el 20 de mayo pasado en la Moncloa.

El escrito, respuesta a las alegaciones del Gobierno de Vitoria, indica al Alto Tribunal que la ley de consulta tiene "un desnudo interés político". Desde ese punto de vista, el Ejecutivo considera que levantar la suspensión cautelar de la ley y permitir la realización del referendo según el calendario previsto, tal como piden el Gobierno y Parlamento vascos, "supondría otorgar una prima política" a Ibarretxe.

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