Una fianza de 60 millones de euros por el caso 'Goldfinger'

El juez que instruye el caso 'Goldfinger' ha impuesto una fianza de más de 60 millones de euros por responsabilidad civil a los principales imputados en la causa, entre ellos el actor Sean Connery, su mujer y los principales socios del bufete de abogados que llevan la representación legal del actor.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) da a los procesados un plazo de 10 días para hacer frente a esta fianza y ordena el embargo de propiedades si no pudieran responder. Además, en caso de declararse alguno insolvente, ordena a la Policía Judicial y a la Agencia Tributaria que investigue si ha podido haber operaciones de los acusados para ocultar su patrimonio desde abril del pasado año.

A través de un auto, el instructor indica que los imputados, entre ellos el ex alcalde Julián Muñoz o el ex asesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, deben responder de forma conjunta y solidaria de esta fianza atendiendo a las diferentes operaciones urbanísticas que supuestamente se realizaron teniendo como origen la propiedad que el actor tenía en Marbella, según informó la cadena SER.

El actor escocés fue citado a declarar como imputado ante el juez instructor el pasado día 15 de octubre, aunque no compareció, tras presentar un escrito, que se hacía extensible tanto a él como a su mujer, en el que se alegaban motivos de salud y de edad, argumentando que es una persona mayor; así como que no había tenido tiempo para organizar el viaje. La declaración podría tomarse a través de una comisión rogatoria.

En este procedimiento judicial se investigan operaciones inmobiliarias y la presunta participación en ellas de sociedades que supuestamente estarían vinculadas a la pareja. Las diligencias tienen su origen en la investigación de varios convenios urbanísticos, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara en 2006 una querella al analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella.

Así, inicialmente se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, con la sociedad Malibú S.A. y con By the Sea, sobre los que se sustenta el complejo denominado Malibú. El Tribunal de Cuentas estimó un perjuicio para el Consistorio por estos convenios de 2,7 millones de euros.

Tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a varias operaciones en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados de Marbella, que, según los investigadores, "representa los intereses económicos" del actor escocés y su mujer en Marbella.

En este sentido, en un informe de la Agencia Tributaria, se señala que este bufete habría representado dichos intereses primero, durante los años 90, con relación al chalé de su propiedad -Malibú S.A.- y "más adelante mediante la prestación de sus servicios a la promotora By the Sea". En esta segunda fase, añade el informe, la participación del matrimonio en dicha sociedad "queda velada por el entramado societario organizado".

"Debido a la pantalla interpuesta por el despacho, así como por la composición del accionariado, compuesto por sociedades radicadas en paraísos fiscales, hacen imposible conocer los beneficiarios últimos de la operación", dicen los investigadores, quienes añaden como hipótesis la posibilidad de que el bufete "actúe como verdadero factor de los Connery en el negocio de la promoción objeto de estudio".

La Agencia Tributaria cifró en 53 millones de euros los beneficios de la explotación de la promoción Malibú, con 72 apartamentos de lujo situados en primera línea de playa, en cuyo desarrollo hay "indicios suficientes que hacen pensar en la comisión de diversos ilícitos penales", algunos ya investigados con anterioridad y otros nuevos como cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según el informe.

Una conclusión de los funcionarios de la AEAT y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional es que "parte de los beneficios", incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, "son transferidos al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de "más de 37 millones de euros". Sobre el último país, se dice que está en la 'lista gris' de paraísos fiscales.