Las cuentas están claras: tres de los cuatro principales cargos del PP valenciano están inmersos en procesos judiciales a menos de un año de las elecciones autonómicas. Las imputaciones de Carlos Fabra, José Joaquín Ripoll (presidentes provinciales de Castellón y Alicante, respectivamente) y Francisco Camps (líder regional del partido) han sumido en un profundo dilema a la dirección nacional de los populares. Al contrario que en casos como el del ex tesorero Luis Bárcenas o del ex presidente balear Jaume Matas, ninguno de los tres han sido relevados de sus cargos. Por el contrario, la posición de Mariano Rajoy hasta el momento ha sido la de responsabilizar a las autoridades policiales en los tres procesos antes que admitir posibles culpables.

El problema para Rajoy es que está en juego la segunda mayor plaza en poder del PP en España, tras la Comunidad de Madrid, y el tercer saco de votos en las últimas generales con algo más de 1,7 millones de sufragios, a 300.000 de la región madrileña y de Andalucía. Dicho de otro modo, uno de cada ocho votantes del PP en 2008 era valenciano.

Quizás por ello, la respuesta del líder popular ante los sucesivos mazazos en forma de procesamientos ha sido similar: la defensa cerrada del dirigente valenciano de turno y el ataque al sistema judicial y policial y a los responsables del Ministerio del Interior.

La defensa de Rajoy

Poco antes de que el juez viera indicios de ocho delitos -entre ellos, prevaricación, cohecho propio y fraude fiscal- en la actuación del Gobierno de Camps, dentro del caso Gürtel, Rajoy no dudó en dar todo su "apoyo" al líder regional, al tiempo que mostró su "certeza" de que Camps decía "la verdad".

Con Ripoll, el presidente del PP arremetió contra el "espectáculo" de su detención y se "solidarizó" con él. Ni una palabra sobre el fondo de la investigación.

Por último, el dirigente gallego manifestó sin ambages hace dos años que consideraba "un ciudadano y un político ejemplar" a Fabra, imputado por primera vez en 2004 y para quien la Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir 15 años de cárcel por cohecho y tráfico de influencias y por un presunto fraude al fisco (entre él y su ex mujer) de casi cuatro millones de euros.

Curiosamente, el único 'pagano' hasta el momento de los procesos por corrupción que afectan al PP valenciano ha sido el ex secretario regional Ricardo Costa, lo que ha levantado ampollas a nivel interno. Como muestra está el dardo envenenado que lanzó hace un mes su hermano, Juan Costa, al señalar que su partido no había procedido de forma "ecuánime", puesto que, si Ricardo tuvo alguna responsabilidad, "más" la tendrían "(Francisco) Camps o muchas otras personas".

Así pues, a diez meses de las autonómicas del 29 de mayo, Génova se enfrenta a un dilema: cómo resolver el hecho de que tres de sus cuatro principales candidatos en la región estén inmersos en complejos procesos judiciales que, en apariencia, irán a más.

De la cúpula regional, solo el presidente del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, se salva de la quema. Más allá de que no se haya librado de participar en diversos escándalos, siempre derivados de sus excesos verbales. De hecho, el año pasado fue denunciado por unas faltas de injurias y amenazas por llamar "gilipollas" a unos profesores y advertirles que iba "a por ellos" y a "rematarlos" tras participar los educadores en una protesta. Sin embargo, Alfonso Rus fue absuelto el mes pasado.

El gran alivio con el que cuenta el PP es que, si su situación en Valencia es muy delicada, la posición de su principal rival no es mucho mejor. Salpicado también por casos de corrupción, el secretario regional del PSOE valenciano, Joan Ignasi Pla, tuvo que dimitir en 2007, lo que obligó a Ferraz a designar una comisión gestora presidida por Joan Lerma. En el congreso regional de los socialistas un año más atarde, Jorge Alarte consiguió la Secretaría General por apenas 20 votos, una diferencia que no disipa las dudas de falta de liderazgo en el partido.