Un papel en exceso sobreactuado

La oportunidad de la modificación de nuestro vigente modelo de organización territorial es una variable que los partidos nacionalistas sopesan regularmente. La emplean como herramienta política para demostrar su supuesta incomodidad en la España de las autonomías, un interruptor que presionan a su antojo en coincidencia con la fragilidad del sumatorio de fuerzas que compone una mayoría en el Congreso de los Diputados. Nada, salvo el consenso y el respeto a la Constitución -incluidas las necesarias modificaciones-, impide la revisión del sistema autonómico; pero lo que no parece oportuno, especialmente por la deslealtad que ello representa, es que los techos competenciales se rompan a golpe de tirón, sin acuerdo y permitiendo que los desequilibrios entre comunidades regulen las relaciones entre iguales y con el propio Estado.

El fallo del Tribunal Constitucional, que a nadie contenta públicamente, pero que a todos satisface en lo privado, ha evitado que el desarrollo estatutario propuesto desde el Parlamento de Cataluña adquiriera cuerpo de atajo para hurtar el debate sobre la modificación del Estado autonómico. Sin compartir esa exigencia en el resto de España, ni por el momento político ni por la oportunidad -su mero planteamiento machacaría electoralmente a quien lo propusiera-, Cataluña ha vuelto a descubrir la torpeza que arrastra desde estos últimos diez años para encontrar un encaje sosegado en el mapa autonómico. En permanente incomodidad, convenientemente azuzada y jaleada desde la Generalitat, la anulación por parte del Constitucional de 14 preceptos del 'Estatut' tiene mucho más que ver con cómo se explica a sí misma Cataluña que con la evidencia de su relación ineludible con el sistema autonómico.

Mientras se resuelve este conflicto, encajado entre el ser y el parecer y cargado de un complejo paquete emocional de muy difícil administración por parte de cualquier sistema normativo, el presidente de la Generalitat, José Montilla, opta, preocupado en la salvaguardia su propio espacio político, por dibujar un ataque contra el Tribunal Constitucional. Poco se puede decir de un político que en pleno ejercicio de sus responsabilidades institucionales cuestiona la sentencia del Alto Tribunal, pero, desgraciadamente, las premuras personales hace tiempo que se hicieron dueñas de la vida pública nacional.

El fallo del Constitucional está permitiendo una sobreactuación de los actores implicados, con la seguridad de que así se salvará la cita electoral autonómica del próximo otoño. El PSC preso de su presencia en el tripartito y afectado por el castigo que está sufriendo a nivel nacional Rodríguez Zapatero, se esfuerza por demostrarse herido e indignado, en la confianza de que su papel en cabeza de manifestación permitirá el reencuentro con su votante catalán. La velocidad de Montilla a la hora de reclamar a Zapatero otro pacto para Cataluña traduce las ugencias del PSC. CiU, por su parte, ha encontrado el filón que necesitaba para aglutinar a los nacionalistas que se sostenían en el desencanto o que habían girado hacia opciones más extremas. El actual escenario también puede beneficiar a Rodríguez Zapatero, quien solo piensa en su futuro personal y en las elecciones nacionales de 2012. Así, la derrota del PSC y la recuperación de la Generalitat por parte de CiU, pese a lo que inicialmente podría parecer, concedería a Zapatero un nuevo apoyo con el que poder contar en Madrid.

Sin perjudicar políticamente a nadie, con excepción de ERC que ya puede comenzar a digerir su regreso a la oposición, el fallo del Constitucional ha abierto, tras cuatro años de deliberaciones, la puerta a la urgente revisión de la presencia política en el órganos judiciales de esta país. El atasco de la sentencia, que en realidad no está diciendo nada que no se presupusiera -las referencias del preámbulo del texto a "Cataluña como nación" quedaron precisamente ahí incluidas porque los redactores eran plenamente conscientes de su inconstitucionalidad-, refleja un problema aún mayor que las posibles consencuencias que arrastren las reacciones del fallo.

"El presidente de la Generalitat, José Montilla, opta, preocupado en la salvaguarda de su propio espacio, por dibujar un ataque al Tribunal Constitucional"