Un magistrado del Tribunal Supremo se suma a la petición de cadena perpetua

Un magistrado del Tribunal Supremo sumó este martes su voz a la de quienes reclaman la instauración en España de la cadena perpetua revisable para castigar a criminales considerados peligrosos o de muy difícil reinserción como terroristas, pederastas, violadores o maltratadores de mujeres. El juez Francisco Monterde, miembro de la Sala de lo Penal del alto tribunal, consideró «muy razonable», e incluso «deseable», esta posibilidad con la particularidad de que sea revisable para que el delincuente, transcurrido un tiempo de condena, es sometido a una revisión para analizar su grado de reinserción y resolver si se acorta o se mantiene la reclusión.

Monterde, miembro destacado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), explicó que la reclusión de por vida, vigente en estados europeos como Gran Bretaña, Francia, Holanda y Alemania -que no cierran la puerta a una eventual excarcelación del criminal-, evitaría lo que denominó «muchos efectos llamada», y terminaría con la imagen de que España es un país poco severo con los delincuentes. Este castigo dejó de existir en España con la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

El magistrado hizo esa reflexión en San Lorenzo del Escorial en los cursos de verano de la Universidad Complutense, donde defendió la necesidad de que España esté «en perfecta homologación» con los países de su entorno en materia penal. Explicó que el encaje de la cadena perpetua revisable en el ordenamiento jurídico español sería perfecto, a su parecer, porque la Constitución establece que las penas «están encaminadas a la reinserción». «La cadena perpetua propiamente dicha no existe en ninguna parte», subrayó.

Monterde no es el único juez que defiende la pena de prisión perpetua, anhelada por algunas asociaciones de víctimas del terrorismo y reclamada la pasada legislatura por muchos ciudadanos en las movilizaciones convocadas con el apoyo del PP contra el diálogo del Gobierno con ETA y la excarcelación del etarra José Ignacio de Juana. El portavoz del CGPJ, Enrique López, insistió esta misma semana en que la aplicación de la cadena perpetua en casos de terrorismo es «plenamente constitucional». López subrayó que si en España, para salir de prisión, los poderes públicos exigieran, como en Francia, un arrepentimiento, se evitarían casos como la alarma social que generó la excarcelación de De Juana, tras cumplir sólo 21 de los más de 3.000 años a que fue condenado por 25 asesinatos y otros delitos terroristas.

40 años de prisión

El Gobierno de José María Aznar reformó en 2003 el Código Penas para que determinados terroristas pasen hasta 40 años en prisión, medida que algunos partidos y organizaciones equipararon con la implantación de una cadena perpetua encubierta. En contra de las tesis de PSOE y PP, que excluyen la cárcel de por vida del paquete de medidas que preparan para endurecer el trato a etarras no arrepentidos, López defendió «seguir en la línea comenzada en 2003» para que el cumplimiento de las penas sea efectivo y «la Justicia se acomoda a sus pretensiones».

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró este martes su partido no comparte esa tesis y sostuvo que que la discusión sobre la implantación de la pena de prisión perpetua a terroristas no arrepentidos es «inútil» y propia de mentalidades del siglo anteriores. En declaraciones a Punto Radio, el dirigente popular, que negocia con el ministro del Interior vías para endurecer las leyes contra los terroristas que salgan de prisión sin haberse arrepentido ni pagado las indemnizaciones, aseguró que «el debate de la cadena perpetua al modo clásico decimonónico de que se pudra en la cárcel es un debate inútil, superado, y que probablemente no lleve a ninguna parte».

El ex ministro de Defensa explicó que el hecho de que los terroristas permanezcan en prisión «hasta que se mueran» no cumple con la finalidad de la pena, que es su reintegración a la sociedad.

«No se gana nada con que una persona se quede en prisión cuando ha tenido un total de cumplimiento efectivo de cuarenta años», apostilló.