Un juez investigará el presunto caso de espionaje político al apreciar indicios de delito

El juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ha abierto diligencias previas por un supuesto delito de revelación de secretos para esclarecer los hechos denunciados por la Comunidad de Madrid en relación al presunto caso de espionaje político a altos cargos del PP de Madrid, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En un auto, el juez Sierra motiva la apertura de la investigación en los hechos publicados por el diario 'El País' que destapó la pasada semana que el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, habría sido sido objeto de "distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados" por las vigilancias que sufrió en Cartagena de Indias (Colombia) y Johannesburgo en 2008.

Con carácter previo a ordenar diligencias de investigación, el magistrado ha dado un plazo de cinco días al secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria Bolívar, para que manifieste ante el Juzgado "el carácter de su intervención" al ser la persona que interpuso el pasado martes la denuncia de la Comunidad ante un juzgado de guardia de Plaza de Castilla.

También le emplaza a aclarar si lo hace "únicamente en razón de su cargo en nombre de la Comunidad de Madrid, o igualmente en nombre y representación de la persona agraviada, a los efectos de lo establecido en el artículo 201 del Código Penal". La citada denuncia se basa en supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Indicios de delito

El auto especifica que el citado artículo establece que "una vez comprobada la comisión de indicios de delito, debe tener lugar una condición previa para la averiguación de los mismos, como es la necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal".

Según el magistrado, de los términos y el contenido de la denuncia se desprende que la persona agraviada resulta ser el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, siendo él "quien necesariamente debió interponer la denuncia".

Añade el auto que "se hace necesario, cuando los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, la incoación de diligencias previas y con carácter previo, requerir al denunciante a fin de que manifieste en el Juzgado el carácter de su intervención".

En el escrito judicial, el Gobierno de Aguirre denunciaba que en los seguimientos a los que se sometió al vicepresidente se utilizaron cámaras ocultas y se elaboraron informes a los que se incorporaron fotografías y documentos privados, con utilización de información reservada.

El Ejecutivo autonómico entiende que de la información de 'El País' se deriva la posibilidad de que estas conductas se hubieran podido producir respecto a otros altos cargos del Gobierno regional. Por ello, estima que concurre "un interés general en la averiguación y el esclarecimiento de los hechos, así como de sus responsables".

Traslado a la Fiscalía

El magistrado dará ahora traslado a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre si remite o no las indagaciones realizadas hasta ahora a raíz de las diligencias incoadas el pasado miércoles a instancias de la denuncia del vicepresidente. El Ministerio Público enviará sus actuaciones, siempre y cuando se basen en los mismos hechos que la denuncia de la Comunidad.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, acordó investigar los hechos para dirimir la existencia de actividad delictiva en las vigilancia de las que fue objeto González. En la causa acumuló la denuncia presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por hechos similares.

En el marco de las diligencias acordadas, Moix citó a declarar al periodista de 'El País' Francisco Mercado, quien aportó el pasado viernes los partes de seguimientos realizados a Cobo y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y un dossier de las vigilancias hechas a González.

Tras prestar declaración, Mercado se mostró convencido ante los periodistas de que "quien maneja esto sabe que la información es poder y, a veces, un poder muy sucio necesita dossieres muy sucios para extorsionar, para quitar rivales de en medio, para chantajear y para destruir hogares.

Asimismo, dejó claro que su información se apoya "no sólo en documentos", sino en "información de altos cargos de la Consejería de Interior" que le confirmaron los datos obtenidos por otras fuentes. "No sólo hay información documental, sino información de personas de alta relevancia del Gobierno de la Comunidad de Madrid", matizó.