Un juez de instrucción de Madrid cerró definitivamente la investigación abierta contra una clínica abortista acusada de haber cometido intervenciones ilegales con fetos de más de 22 semanas de vida. La denuncia había partido de dos agentes del Seprona, organismo perteneciente a la Guardia Civil, que acudieron al centro, inmovilizaron varios bidones con residuos e incautaron un listado con pacientes a las que posteriormente interrogaron en sus casas.

Tras más de dos años y medio de procedimiento judicial, el juez archivó el caso al considerar que los hechos investigados en la clínica Isadora no son constitutivos de delito, al no encontrarse el "más mínimo indicio". Además, carga con virulencias contra los agentes del Seprona, que, a partir de "insinuaciones sesgadas y manipulación de la realidad", llevaron a cabo una "investigación ilimitada sobre abortos imaginados".

El juez añade que la "inquisitorial actividad" de los agentes se instrumentalizó "al servicio de fines espurios con perfiles publicitarios intimidatorios" y les acusa de llevar a cabo una puesta en escena "tremendista" sobre supuestos delitos inexistentes.

Con respecto a los interrogatorios llevados a cabo en casa de pacientes, el instructor concluye que el derecho a la intimidad de éstas "fue arrasado y devastado". Por todo ello, deja abierta la puerta para que los responsables de la clínica puedan llevar a cabo las acciones penales oportunas contra los agentes que les denunciaron.

Los dos guardias civiles, además, están siendo investigados por el Ministerio del Interior por violar la intimidad de las pacientes. "Ahora corresponde continuar con la investigación y depurar las oportunas responsabilidades administrativas", señaló este sábado el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba en una entrevista en la cadena Ser. También se está analizando el papel del sargento y de sus superiores en el caso.