"Trillo conoció las quejas antes del accidente"

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2004 y 2008, Félix Sanz Roldán, aseguró este lunes que los mandos que dirigían el Ejército de Tierra cuando se produjo el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles, le comunicaron que el ex ministro Federico Trillo conocía "casi con toda seguridad" las quejas que existían sobre aparatos similares al siniestrado, según informaron fuentes de la defensa de las familias de las víctimas.

En su comparecencia como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, que investiga las irregularidades que pudieron cometerse en la contratación del aparato, Sanz Roldán señaló que tras el accidente, que se produjo el 26 de mayo de 2003, mantuvo una reunión con el general Luis Alejandre, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) en 2003, y con su número dos, José Antonio González García, en la que le comunicaron que el informe sobre quejas elaborado por el Centro de Inteligencia y Seguridad de este cuerpo (CISET) podría haber llegado a Trillo antes de que se produjera la catástrofe.

Esta versión fue tajantemente desmentida ante el juez por González García, que negó la existencia de la reunión y aseguró que él y Alejandre conocieron la existencia de este informe por la prensa, por lo que difícilmente se lo pudieron trasladar al ministro. El ex JEME se manifestó en este mismo sentido en febrero pasado, cuando se limitó a afirmar que "no sabía nada" sobre las supuestas irregularidades en los vuelos de traslado de tropas.

En su declaración en la Audiencia Nacional, el número dos del Ejército de Tierra también señaló que, si se siguieron los trámites habituales, el informe del CISET debió haberse canalizado hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al Estado Mayor de la Defensa (EMAD), aunque sin pasar en ningún momento por sus manos o por las de Alejandre.

Sanz Roldán también detalló la documentación aportada por el ex ministro de Defensa José Bono en abril pasado. Entre estos papeles se encuentra un cuadro de subcontrataciones incluido en una investigación posterior al accidente parcialmente tachado en el que consta que Defensa pagó a la agencia de la OTAN Namsa un total de 149.000 euros por la contratación del vuelo y que la compañía ucraniana UM-Air, propietaria del aparato, sólo recibió 38.000. "Esas comisiones son desmesuradas", opinó.

Alejandre conocía otro informe

También compareció en la Audiencia Nacional el ex jefe de la Fuerza de Maniobra del Ejército de Tierra en Valencia, Juan Ortuño, quien aseguró que trasladó a Alejandre, su superior jerárquico, un informe en el que relataba la existencia de incomodidades, retrasos y sobrepeso en este tipo de aviones y en el que se adjuntaban fotografías en las que se apreciaba el desgaste de las ruedas. Según explicó, el Ejército de Tierra estaba planteándose alternativas para solucionar estos problemas cuando se produjo el accidente.

El capítulo de quejas también fue reproducido por el comandante Manuel Ruiz de Oña, miembro del mismo contingente que sufrió el accidente (la ASPFOR IV). El militar, que llegó a realizar un viaje sentado en un 'jeep' militar que no estaba anclado al suelo del avión, trasladó al juez que los aparatos como el Yak-42 daban "un cierto reparo en su aspecto exterior e interior" y que sus ruedas presentaban "un estado lamentable".

En este mismo sentido se expresó el capitán jurídico Alberto Díaz, quien dijo que en el vuelo de ida anterior al accidente el piloto le reconoció que estuvieron a punto de sufrir un accidente poco antes de llegar a Kabul (Afganistán).

También comparecieron aunque sin aportar demasiadas novedades a la causa el comandante Alberto Ruiz de los Paños; el ex jefe del Mando Aéreo Centro (GJMACEN) Gonzalo Ramos; y el entonces jefe de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto (EMACON) ngel Guinea.

Estas declaraciones forman parte de la ronda de 45 comparecencias ordenada por Grande-Marlaska a petición de las familias de las víctimas, que concluirá el próximo lunes. En la causa, que la Sala de lo Penal obligó reabrir en enero pasado, se encuentran imputados cinco altos cargos en el momento del accidente.*

Se trata del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá; el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta; el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.