Siete años por blanqueo de capitales para el líder de la mafia rusa Kalashov

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Alexander Kalashov, líder de la mafia ruso-georgiana desarticulada entre 2005 y 2006 con la Operación Avispa. Se le acusa de los delitos de blanqueo de capitales, que también atribuye a otros cinco acusados, a los que impone a penas de entre dos y cinco años de cárcel. A todos ellos les obliga al pago de multas millonarias y les absuelve del delito de asociación ilícita que les había atribuido la Fiscalía. Kalashov invirtió en España al menos 7,5 millones de euros procedentes de actividades delictivas. La sentencia asegura que el delincuente es "uno de los máximos dirigentes de la criminalidad organizada gestada en la antigua Unión Soviética".

La Sala absolvió de todos los delitos que se les atribuían a los cuatro españoles a los que se había implicado en la organización mafiosa, Ángel Blanco, María Flor Casado, Juan Manuel Cantarero y Carlos Antonio Fernández Asensio, bajo las acusaciones de falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales.

El representante del Ministerio Público recalcó que la acusación de que Kalashov es un 'ladrón en ley' -un importante jefe mafioso- no solo partió de la Policía española, sino que en ello coinciden informes del FBI, las policías israelí, italiana y francesa, los servicios de inteligencia rusos y los enlaces ruso y español en sus respectivas Embajadas.

El fiscal subrayó que en el juicio "nadie supo decir a qué se dedica" Kalashov, a pesar de que se ha comprobado que las sociedades que dirigía movían importantes cantidades de dinero. Recordó que el presunto cerebro de la organización posee una tarjeta American Express Centurion, que solo poseen "300 personas en España" y que requiere gastos anuales de más de 200.000 euros.

Kalashov fue detenido en mayo de 2006 en Dubai, meses después de que se desarrollara la Operación Avispa, en junio de 2005, que se saldó con 28 detenidos. El procesado invirtió en España 7,5 millones de euros procedentes de actividades delictivas. Su patrimonio tiene su origen en "actos criminales o delictivos como la extorsión, asesinatos por encargo y tráfico de armas y estupefacientes, así como en diversas esferas económicas como la bancaria, hostelería, petróleo y derivados".