Rajoy pide actualizar el Estado de las Autonomías

Mariano Rajoy defendió ayer la necesidad de acometer sin tapujos la "actualización" del Estado de las Autonomías. El líder de la oposición sostuvo que es "imprescindible" una revisión del modelo territorial surgido en la transición porque la experiencia ha demostrado que incrementa el gasto público y duplica funciones.

Formular este planteamiento a menos de un año de las elecciones alberga un cierto riesgo que el líder del PP asumió sin parpadear. Está por ver si se trata de un paso adelante en la oposición "más agresiva" que reclaman desde diversos sectores de su partido o si, sencillamente, es un planteamiento puntual.

Rajoy, en el transcurso del XIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebra en Santander, concretó que hay que aprovechar "las bondades" de la descentralización, pero reclamó, al mismo tiempo, "más transparencia y calidad normativa", con "menos y mejores leyes" para evitar que la "madeja administrativa" ahogue la energía de la "sociedad civil". El punto de partida de esta propuesta sería una reforma institucional y administrativa "profunda".

El líder de la oposición subrayó que "no puede haber tres ventanillas -la estatal, la autonómica y la municipal- para (efectuar) trámites similares". Un hecho que, a su juicio, "aumenta la inseguridad jurídica y, además, es antieconómico". Rajoy no se refirió de forma explícita a la posible mengua de las plantillas de funcionarios y empleados públicos, pero lamentó que en España exista una "administración excesiva en la que se solapan los ámbitos de decisión y se multiplica la complejidad". A partir de esa premisa, reclamó que se fije, "de una vez por todas" y con nitidez, qué administración desempeña con más eficiencia cada competencia.

Rajoy, con este paso, abre la puerta a una posible reorganización de las competencias de las tres administraciones, una reforma que necesitaría de un amplio consenso político que, de momento, no existe y que será difícil de articular a siete meses de las elecciones autonómicas. Es improbable, en puertas de los comicios, que los barones territoriales sin diferencias de color político acepten sentarse a discutir posibles recortes de sus competencias.

Disposición

El Gobierno tampoco ve con malos ojos una revisión del Estado autonómico. José Luis Rodríguez Zapatero aseguró hace apenas tres semanas en el Senado que está dispuesto a "dar los pasos" para abrir un diálogo sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en la administración territorial. Pero los socialistas advierten que se trata de una cuestión muy delicada que requerirá tiempo y, sobre todo, un amplísimo consenso. Y, justo cuando el jefe del Ejecutivo empieza a vanagloriarse de haber alcanzado una estabilidad institucional que parecía inalcanzable, resulta difícil pensar que esté dispuesto a abrir ese melón.

Lo cierto es que, desde que mostró al portavoz en el Senado, Pío García Escudero, su deseo de discutir sobre un asunto que implicaría revisar el sistema de financiación local -cuya reforma ya ha sido pospuesta como mínimo hasta 2011- sobre las duplicidades, sobre el reparto de competencias y la asunción de gastos impropios o sobre la existencia de determinadas empresas y organismos públicos, incluidas las televisiones autonómicas, no se ha movido nada.

La prioridad de la Vicepresidencia Tercera, pilotada por el también ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, ha estado en las últimas semanas centrada en los pormenores del pacto presupuestario con el PNV y CC. Un acuerdo que, por cierto, ahonda en el desarrollo del Estado de las Autonomías y que conlleva traspasar una veintena de competencias previstas en el Estatuto de Guernica al País Vasco y la consideración de "mar canario" para los "espacios marítimos" entre islas.

No es que en el PSOE no exista el convencimiento de que, en pleno ejercicio de racionalización del gasto, sería deseable echar un vistazo al conjunto del modelo. De hecho, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, llegó a lanzar al aire hace unos meses una arriesgada reflexión sobre la utilidad de las diputaciones provinciales y el sentido de miles de ayuntamientos sin capacidad de autofinanciación. Pero otra cosa es que el partido gubernamental esté dispuesto a pasar de las teorías a los hechos.