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PSOE y PP tumban en el Congreso la iniciativa de IU-ICV contra el fraude y la economía sumergida

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó con el voto en contra del PSOE, PP y CiU una proposición no de ley relativa a la lucha contra el fraude que incluía, entre otras ideas para combatir la economía sumergida, que las instituciones de inversión colectiva como las Sicav vuelvan a ser supervisadas por la Inspección de Hacienda en lugar de por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El diputado de ICV, Joan Herrera, presentó una "autoenmienda" al texto original, "para facilitar las cosas" y que el PSOE "no tuviera excusas" para poder apoyarla finalmente.

No obstante, y aunque las negociaciones se prolongaron a lo largo de la tarde, los socialistas y las dos formaciones de izquierda no alcanzaron un acuerdo, si bien contaron con el respaldo de sus compañeros de grupo parlamentario, ERC, y del PNV. Herrera advirtió a los socialistas que éste "es un mal comienzo" si buscan recabar su apoyo a los Presupuestos.

La representante del PSOE, Gloria Rivero, incidió durante el debate en que su formación apoyará "todas y cada" una de las iniciativas que se presenten, "independientemente de que cuenten con su voto a favor o en contra", si bien su oferta de transacción a IU-ICV finalmente no prosperó.

El portavoz de Hacienda del PP, Baudilio Tomé, denunció que el único camino para sanear las cuestas publicas pasa por la austeridad y la mejoría de la gestión de los ingresos, mientras el Ejecutivo está dispuestos a cometer el "grave error de exprimir a los contribuyentes".

La diputada de CiU Inmaculada Riera, advirtió de que es necesario continuar impulsando las acciones orientadas a la lucha contra el fraude de ley, pero no su formación "no puede compartir ni entender" la propuesta de IU-ICV, que no son "el camino".

El ejemplo de Bush

IU-ICV había renunciado a varios puntos de su propuesta original, entre ellos la de la creación de ua Ofician nacional Antifraude para perseguir todo tipo de delitos económicos y financieros, a través de una Policía Fiscal creada 'ad hoc' para ello.

No obstante, mantuvo la petición de "endurecer las penas" a los defraudadores y elevar los plazos de prescripción de los delitos y, en este sentido, Herrera comparó el caso de Estados Unidos bajo la Administración de George W. Bush, con el de España. "Bush encarceló a miles de personas mientras en España apenas hay una decena, con una deuda de más de 4.000 millones", señaló.

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