El Gobierno catalán ha aprobado los proyectos de ley de creación de las veguerías y del Área Metropolitana de Barcelona, lo que abre un debate territorial que culminará el Parlamento catalán y que, en última instancia, requerirá de la modificación de leyes estatales para suprimir las diputaciones.

Tras la reunión del consejo de Gobierno, la propuesta de la nueva organización territorial de Cataluña en siete veguerías ha sido presentada en rueda de prensa por el presidente catalán, José Montilla, y por el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, en una escenificación de unidad interna después de que este proyecto haya tenido un tortuoso camino de elaboración y maduración en el seno del tripartito.

No obstante, Montilla ha puesto énfasis en que existe una ley catalana de 1987 que daba al Gobierno un mandato de tres meses para la nueva regionalización de Cataluña, lo que CiU dejó de lado durante catorce años ya que abandonó el poder sin afrontar este mandato.

El proyecto, "una reivindicación histórica del catalanismo" y "un gran paso en el desarrollo del Estatut", se remitirá al Parlamento con "carácter de urgencia", ha apuntado Montilla.

El gobierno tripartito propone así la creación de las veguerías de Terres de l'Ebre, Barcelona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Girona y Camp de Tarragona, demarcaciones sobre las que el Govern no propone capitales en todos los casos.

Sobre el proceso y su futuro coste, Montilla y Ausàs han asegurado que la aplicación de la ley será "gradual" y sin un sobrecoste ni incremento de funcionarios necesariamente, una cuestión esta última que dejan en manos de los futuros consejos de veguería, que deberán decidir si contratan o no a más personal eventual, tal como hacen hoy en día las diputaciones.

El proceso, aún sin calendario y a la espera de lo que haga el Parlamento, sería el siguiente: de entrada, las cuatro diputaciones se sustituirán por cuatro veguerías, para luego ir creando las nuevas, aprobando en primera instancia la de las Terres de l'Ebre, una vez modificada la ley estatal de régimen local.

Fuentes del ejecutivo catalán aseguran que los vicepresidentes Manuel Chaves y María Teresa Fernández de la Vega no ven con malos ojos la división en dos de la provincia de Tarragona, una cuestión que no generaría ningún inconveniente fuera de Cataluña y que nada tiene que ver con lo que es la demarcación electoral.

En un tercer paso se crearía por ley las veguerías de la Catalunya Central y del Alt Prineu i Aran, para las que el Gobieno no propone capital a la espera de la aprobación de dichas normativas.

La Generalitat sí incluye una disposición transitoria para reconocer la singularidad del Aran, que mantendrá relaciones directas con el gobierno catalán, al margen de la veguería, aunque será tenida en cuenta a la hora de fijar su relación con el Consell de Vegueria, que llevará su nombre junto al Alt Pirineu.

En definitiva, la provincias de Lérida, Tarragona y Barcelona deberán dividirse en dos cada una de ellas, con lo que las cuatro diputaciones provinciales darán paso a siete consejos de veguería.