Piquetas contra la memoria antifranquista

Los muros acusan el paso del tiempo: grandes partes venidas abajo, agujeros en las paredes, mordiscos en los ladrillos y enormes grafitis realizados con colores. La cárcel madrileña de Carabanchel, lugar emblemático de la represión de la dictadura de Franco, hace casi una década que dejó de ser prisión y se convirtió en un gran complejo abandonado.

Excavadoras, grúas y piquetas comenzaron ayer a trabajar en este barrio obrero del sur de Madrid para terminar lo que el transcurso de los años no había logrado: echar completamente abajo los muros y galerías de la cárcel más conocida del franquismo, un complejo de algo más de 170.000 metros cuadrados que ya solo encerraba cascotes, basura y a varias familias de gitanos rumanos que se habían instalado en el recinto y que fueron desalojadas antes del inicio del derribo.

La movilización en los últimos días de vecinos y antiguos presos políticos que pasaron por sus tétricas galerías en las que se hacinaban junto a otros compañeros de cautiverio no logró hacer cambiar de parecer al Gobierno y al ayuntamiento de Madrid, que hace unos meses firmaron un acuerdo al respecto. En el lugar del antiguo penal se construirán 650 viviendas -el 30% de protección oficial- y un hospital. La plataforma contra el derribo cree que este se debe a una operación de especulación urbanística.

"Lo que nosotros queremos es que se mantenga la cúpula central, para que acoja la memoria de la barbarie franquista", explica Julián Rebollo, portavoz de la plataforma contra la demolición. "Son muchos los presos políticos que han sufrido y muerto aquí dentro". El garrote vil, que comprimía la garganta con un soga retorcida con un palo, estuvo destinado a los condenados a muerte. Vecinos y ex presos querían que se crease un centro para la paz y la recuperación de la memoria. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, les dio su apoyo, y también el Colegio de Arquitectos, que considera viable conservar la cúpula, un edificio circular que actuaba como núcleo central de vigilancia y del que, formando una estrella, salían las galerías en las que estaban las celdas.

Las autoridades sostienen que la demolición es la "solución más oportuna" para la cárcel. Y se han comprometido a levantar un monumento a la memoria democrática en el nuevo barrio. Eso no consuela a los defensores de que Carabanchel se mantenga.

El Gobierno quiere "enterrar la memoria de los presos políticos de la cárcel de Carabanchel en la fosa común de la historia", dice un vecino. "Solo se defiende la memoria histórica cuando no hay por medio terrenos con los que especular", se queja otro, aludiendo ambos a la apertura de fosas comunes de víctimas de la represión franquista que ahora impulsa el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Atrás quedan los años en los que miles de presos políticos pasaron en la cárcel de Carabanchel largas estancias después de la Guerra Civil (1936-1939), entre ellos el histórico líder sindical Marcelino Camacho, fundador y primer secretario general de CC. OO. Franco ordenó construir la cárcel de Carabanchel tras la guerra. El penal se abrió en 1944 como Prisión Provincial de Madrid. En los últimos tiempos del franquismo, los presos políticos protagonizaron motines reclamando amnistía. En 1998 cerró para siempre sus puertas.