Desde que se destapó el pasado febrero, el caso Gürtel no ha habido semana en la que no haya acaparado la atención mediática ante el avance de las investigaciones y el escándalo que salpica a dirigentes y altos cargos del PP. Las pesquisas iniciales, realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón, apuntaban a una trama relacionada con municipios madrileños gobernados por los populares, pero, tirando del hilo, se ha descubierto una compleja red empresarial que supuestamente hacía negocio organizando todo tipo de actos para el principal partido de la oposición a cambio de regalos y sobornos a políticos conniventes.

El caso Gürtel, un puzle de incontables piezas que unen entre sí compañías en Madrid y la Comunidad Valenciana con varios paraísos fiscales en el extranjero (donde habrían evadido más de 50 millones de euros), ha adquirido tal magnitud que es una de las investigaciones por corrupción más importantes de la democracia. El macroproceso correspondiente lastrará al PP durante años.

El caso ha dejado al partido en una situación delicada y mermado la credibilidad de los implicados. Mariano Rajoy, a pesar de la marejada, intenta presentarse como una alternativa al Gobierno. Desde la Moncloa le recuerdan las corruptelas y las disensiones internas para desarbolar su discurso crítico con el Ejecutivo por la gestión de la crisis económica.

La polémica se ha agravado por las supuestas filtraciones del sumario y la posición del PP, que denuncia una persecución contra su organización orquestada por el Gobierno a través de las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía. Acusa al Ministerio Público de utilizar una doble vara de medir en función de la filiación política de los implicados en casos de corrupción. Las suspicacias vienen de lejos: la primera redada por el caso Gürtel tuvo lugar el mismo fin de semana de la célebre cacería en Torres (Jaén) en la que coincidieron Garzón, quien coordinó la operación, Mariano Fernández Bermejo, entonces ministro de Justicia, y Juan Antonio González, comisario general de la Policía Judicial.

Amigo de Agag

El jefe de la red corrupta es Francisco Correa Sánchez, en prisión junto a sus colaboradores Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, y su primo Antoine Sánchez. El cabecilla tiene el 'honor' de dar nombre con su apellido (en alemán) a la trama. El empresario estuvo vinculado al PP desde los años 90 hasta que, a principios de 2004, Mariano Rajoy, ya al frente del partido, prescindió de sus servicios y de su conglomerado de empresas, con Special Events a la cabeza, al sospechar de él. Fue amigo de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, con quien intimó gracias a un hombre de confianza del ex presidente. Llegó a ser testigo de la fastuosa boda de la hija de Aznar en El Escorial, organizada por su socio en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez Alonso, 'el Bigotes'. También está imputada su mujer, Carmen Rodríguez.

El tronco central de la red se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El juez Antonio Pedreira ha levantado parte del secreto de sumario, en el que figuran como imputadas 64 personas (esta semana retiró la acusación a siete trabajadores de Correa). La última en sumarse a la lista ha sido la esposa de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. Aparecen los ex alcaldes populares de Boadilla del Monte, Pozuelo y Majadahonda, así como los diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

Mención aparte merece la parte valenciana de la trama, con Francisco Camps en el ojo del huracán. Él y tres de sus hombres fuertes (Ricardo Costa, su número dos en el PP; Víctor Campos, ex vicepresidente autonómico, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo) habrían recibido dádivas, en especial trajes de alta costura, regalados por el Bigotes, allegado al barón territorial. La empresa Orange Market organizó los actos de los populares y gestionó los 'stand' de la comunidad en importantes ferias turísticas desde que en Madrid cerraron las puertas a Correa en 2004.

Sobreseimiento definitivo

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana decretó en agosto el sobreseimiento libre (definitivo) de la causa de los trajes, en la que Camps y los suyos estaban imputados por cohecho impropio. Casualmente, el presidente de la citada sala, Juan Luis de la Rúa, había sido definido por Camps como más que un amigo. La Fiscalía ha recurrido ante el Supremo el carpetazo al estimar que fue prematuro e improcedente, ya que la instrucción del juez instructor, José Flors, no había concluido.

Las revelaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano han provocado un cisma interno y tensión entre el aparato de Camps y una dirección nacional que exige medidas contundentes. Por otro lado, no se ha aclarado lo relativo a las informaciones que apuntan a que el Bigotes regaló a Rita Barberá, alcaldesa valenciana, bolsos de Louis Vuitton.

Otro episodio es el protagonizado por Luis Bárcenas, cuya dimisión como tesorero fue pactada con Rajoy tras un largo tira y afloja, y el diputado Jesús Merino, acusados de cohecho y fraude fiscal. El Supremo les investigará una vez termine la tramitación de los suplicatorios. El Senado ya ha aprobado el de Bárcenas, que deberá justificar su abultado patrimonio.

Mientras, el ex eurodiputado Gerardo Galeote, inicialmente implicado, se encuentra en una especie de limbo jurídico. Su padre, José, ex concejal de Boadilla, y su hermano Ricardo, ex edil en Estepona (Málaga), están imputados.