Paralizan el desahucio de una mujer embarazada y con dos hijos en Torrevieja

Miembros de colectivos de afectados por la hipoteca de Torrevieja y la comarca de la Vega Baja han logrado paralizar hoy, de forma provisional, el desahucio de una mujer embarazada y con dos hijos en esa localidad alicantina.

La mujer, Ana Belén Fernández, original de Madrid, ha explicado a los periodistas que el pasado mes de septiembre solicitó a Caja Mediterráneo (CAM), entidad con la que tiene firmada la hipoteca, el alquiler social por un periodo de cinco años y una cantidad que no superaría los 200 euros mensuales para poder seguir viviendo en la casa donde reside desde hace ocho años.

Según Fernández, la entidad financiera aún no ha contestado a esa petición y, al parecer, se habría negado a renegociar la hipoteca.

Ha afirmado que lleva dos años en paro y no cobra ninguna prestación social, por lo que no puede hacer frente al pago mensual de las obligaciones con la caja de ahorros, a la que debe alrededor de 80.000 euros.

Este mediodía, la comitiva judicial ha notificado personalmente a la afectada la suspensión provisional del desahucio por un plazo de quince días, alegando "una delicada situación personal" y "ante la oposición de un número importante de personas" que se encontraban a las puertas del edificio donde vive la mujer.

Integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Torrevieja y la Vega Baja, así como de la entidad Stop Desahucios y del Movimiento Local Torrevieja, han acompañado en señal de apoyo a Ana Belén Fernández y sus hijos a la paralización del desahucio de su vivienda.

La coordinadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la comarca de la Vega Baja, Desiree Montero, ha dicho que si la entidad financiera accede a la petición del alquiler social, la situación de Ana Belén Fernández sería más sostenible, puesto que su actual pareja tiene trabajo y podría afrontar el pago del alquiler social.

En este sentido, Montero ha señalado que, hasta la fecha, la citada plataforma ha conseguido varios alquileres sociales para personas en situación de desahucio con diferentes instituciones financieras y se halla en negociaciones para lograr otros tantos.

El colectivo intentará en los próximos quince días que la CAM conteste al escrito presentado por la afectada para lograr el alquiler social, según ha anunciado la coordinadora.