Operación en Murcia contra la corrupción urbanística por el nuevo campo de fútbol

El juez ordenó ayer la detención de tres personas y la imputación de otras cuatro, entre ellas el concejal de Urbanismo murciano y el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, en el marco de una operación de corrupción urbanística en esta localidad relacionada con la construcción del campo de fútbol de la Nueva Condomina.

La operación se puso en marcha a primera hora. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil practicaron registros en las dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia y también en despachos y domicilios de la región. El propio presidente del Real Murcia vio cómo agentes de la Guardia Civil registraban su casa en Madrid y la sede social de Sport Management & Project SL, en la calle de Serrano.

Los tres detenidos son el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce. Mientras, los otros tres imputados junto a Samper son el concejal de Urbanismo murciano, Fernando Berberena, la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, (esposa de Alberto Guerra), y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de ese ayuntamiento entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, arquitecto en excedencia.

La relación de Samper estaría vinculada a presuntas irregularidades cometidas en la construcción del estadio de la Nueva Condomina. La urbanización de la zona norte de Murcia investigada por la Fiscalía fue aprobada por el Ayuntamiento de Murcia en 2003. Dos años después de que el plan de ordenación urbana de Murcia calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables, el Ayuntamiento dio luz verde a la reparcelación de Nueva Condomina, con 2,1 millones de metros cuadrados que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf, además de una ciudad deportiva con campo de fútbol.

Denuncia de la Fiscalía

Las diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros. El proceso se inició por una denuncia de la Fiscalía, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El concejal de Urbanismo manifestó tras la operación que a lo mejor "en alguno de los casos" se pudo "cometer un error", ya que se tramitan "más de 60.000 expedientes". Siendo así, añadió, "sería un delito de tipo administrativo y no penal, pero eso lo tendrá que decidir un Tribunal", dijo.

Fernando Berberena pidió que "se deje actuar a la justicia primero". "Si tenemos que hacer alguna investigación interna, la haremos", aseguró, aunque mostró su confianza que no será necesario.

"No hay que hacer juicios paralelos que afectan a las personas y sus familias", apuntó Berberena, quien reconoció además que no tenía "ni la más remota idea" de por qué se produjo el registro.

Por su parte, el abogado de Jesús Samper, su hermano Juan Antonio, negó que el presidente del Real Murcia haya estado "detenido en ningún momento" y aseveró que "no tiene que ver con ningún caso de corrupción urbanística".

Lo que sí es cierto es que se buscan evidencias sobre los presuntos beneficios ilícitos que habría experimentado Samper a partir de aquel plan urbanístico. "Alguna relación debe guardar porque viene del juzgado número 8 de Murcia", reconoció el abogado del presidente del Real Murcia, que sin embargo insistió en la falta de concreción del porqué. "El auto dictado nos produce una indefensión manifiesta", reprochó Samper.

Los tres detenidos pasarán previsiblemente a disposición del juzgado que instruye la causa. Las actuaciones han sido declaradas bajo secreto sumarial.