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LAS CLAVES

Mes y medio de "mucho ruido"

Miembros de la tripulación del 'Alakrana', antes de ser secuestrados.
Mes y medio de "mucho ruido"
efe archivo

El pago de 2,3 millones de euros a los piratas (según los propios corsarios) que el 2 de octubre secuestraron el buque 'Alakrana' pone fin a 47 días de cautiverio para los 36 tripulantes. El secuestro ha estado marcado por una gran polémica por la decisión de traer a España a los dos piratas detenidos. La base de operaciones de la negociación ha sido la embajada española en Kenia, donde el embajador Nicolás Martín Cinto, con el armador del barco y miembros del CNI, ha pilotado las conversaciones. El Gobierno vasco y el Ministerio de Defensa confirmaron el secuestro horas después del inicio, así como que el atunero se hallaba fuera del perímetro de seguridad establecido por la fragata 'Canarias'.

El mismo día del secuestro Defensa ordenó a la fragata de la Armada 'Canarias' y al avión de combate especializado en patrulla marítima P3 Orión que fueran hacia la zona. El Gobierno formó un comité de crisis dirigido por la vicepresidenta primera. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se aseguró que en todo momento se estaba en permanente contacto con las familias, versión que fue desmentida por los familiares.

Dos días después del secuestro, la fragata 'Canarias' detuvo a dos piratas -Abdu Willy y Raagegeesey- por su implicación en los hechos. La detención se produjo cuando los dos secuestradores abandonaron en un esquife el 'Alakrana' y fueron seguidos por la fragata 'Canarias'.

El 5 de octubre, Garzón dictó el ingreso en prisión incondicional de los dos piratas y ordenó que ambos fueran trasladados a España de forma "urgente", acusados de un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas. El magistrado respondió así a la petición de la Fiscalía, que justificó la competencia de la Audiencia Nacional argumentando que el arresto de los piratas se produjo "fuera de la zona de seguridad" de la Operación Atalanta y, por tanto, "al margen de las previsiones operativas y legales" acordadas por la Unión Europea y Kenia.

Una semana después, los piratas llegaron a Madrid. El pirata Raagegeesey se declaró inocente ante Garzón. Abdu Willy aseguró ser menor de edad. El 14 de octubre el juez acuerda el ingreso en prisión de los dos al considerar que recibieron 2.500 dólares por participar en el secuestro. Paralelamente, un portavoz de los piratas reclamó cuatro millones de dólares (2,7 millones de euros) y la liberación de los dos detenidos.

La polémica sobre la edad del pirata Willy enreda su situación. Así, el juez de la Audiencia Santiago Pedraz ordenó su puesta en libertad basándose en un informe que consideraba que podría ser menor. Ingresó en un centro de menores, pero al día siguiente -21 de octubre- la Fiscalía pidió una nueva prueba médica que determinó que era mayor de edad.

El juez de menores aceptó esta conclusión y lo remitió al juez Pedraz, quien optó por devolver a Abdu Willy de nuevo al juez de menores para aclarar su edad "con rotundidad". Mientras, el Gobierno aprueba un Real Decreto para permitir seguridad privada a bordo de los buques españoles con armamento de guerra. Por fin el 2 de noviembre la Audiencia determina que es el juez Pedraz quien debe instruir el caso de Willy por ser mayor de edad.

El 5 de noviembre los piratas bajan a tierra a tres secuestrados amenazando con matarlos de tres en tres si los piratas encarcelados en España no son devueltos a Somalia. Los secuestrados hablan con sus familias y les piden que hagan "mucho ruido" para presionar en favor de un fin del cautiverio, que lleva a manifestaciones el sábado 7 en Bermeo (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra). No obstante, tras gestiones diplomáticas volvieron al barco. A partir de ese momento, el Gobierno mantiene todas las vías abiertas para buscar una solución y comienza un debate sobre la hipotética posibilidad de enviar a Kenia a los dos piratas detenidos. Los familiares de los tripulantes se reúnen con el presidente de la Audiencia y con el presidente del Gobierno, guardando silencio desde entonces.

Entre tanto, la situación se enreda en un cruce de comunicados de Gobierno y Audiencia Nacional sobre quién mandó el traslado de los piratas a Madrid. El lunes pasado, Pedraz ordenó el procesamiento de los dos piratas.

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