El Tribunal de Cuentas (TC) ha detectado un desequilibrio financiero conjunto en el Ayuntamiento de Marbella de, al menos, 335 millones de euros, entre 2002 y 2006, lo que representa algo más del 181% del presupuesto inicial y una deuda por habitante de 2.669 euros.

Según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de esta corporación local, gran parte de los convenios urbanísticos incorporaban una cláusula que condicionaba su eficacia a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y que supuso "importantes plusvalías" a terceros.

De esta forma, el Ayuntamiento negoció los aprovechamientos con los nuevos parámetros urbanísticos "recibiendo -en muchos casos y con carácter anticipado- parte de los ingresos de su enajenación".

"Irregularidades y anomalías" que permitieron que el Ayuntamiento dejara de percibir 7,34 millones de euros y ocasionó perjuicios a los intereses públicos por enajenaciones a precios inferiores de los del mercado por valor de 58,8 millones de euros.

El Ayuntamiento de Marbella gobernado por el GIL en ese periodo fue disuelto por acuerdo del Consejo de Ministros en el año 2006, después de destaparse la "operación Malaya".  Durante esta etapa, el órgano único de dirección en la estructura organizativa municipal fue la Junta de Gobierno local, que adoptó "acuerdos de aprobación de proyectos o presupuestos de obras inexistentes".

En este sentido, el TC asegura que el pleno del Ayuntamiento no tuvo nunca información ni ejerció ningún control de la gestión económica, ni de las actividades en general de la corporación, ni de sus sociedades mercantiles.

Por eso, añade la concesión de subvenciones se efectuó sin ajustarse a ningún procedimiento de selección y sin la correspondiente tramitación de expedientes.

La "insuficiencia de controles económicos y financieros" ha permitido, según el TC, "una gestión no ajustada a la legalidad", lo que a la postre ha determinado la ausencia de garantías en la correcta utilización de los fondos públicos, lo que ha ocasionado "graves perjuicios" al Ayuntamiento.

El TC enumera trece irregularidades económico-financieras, como la falta de control financiero de las sociedades mercantiles o la no justificación de la procedencia de las deudas asumidas, unas operaciones que sumaron 233,5 millones de euros entre 2002 y 2006.

Denuncia también la realización de pagos con talones al portador, con elevados importes y sin ningún control. Alude además a la adquisición de compromisos de gasto por las diferentes concejalías sin atender al procedimiento establecido, ni a las restricciones presupuestarias.

Según el Tribunal, el Ayuntamiento dispuso en esa época de 3 organismos autónomos y 31 sociedades mercantiles, de las que solo 9 mantenían su actividad al final del período fiscalizado.

Tras hacer hincapié en la carencia de controles y reglamentos orgánicos de funcionamiento, el Tribunal subraya que la tramitación de gastos no se acomodó, "por regla general, a las disposiciones legalmente establecidas".

El TC se queja de que sus actuaciones se han visto limitadas por la no disponibilidad de la contabilidad del Club Marítimo de Marbella S.L. (sociedad municipal encargada de la gestión del puerto deportivo), así como por la falta de colaboración de diversos acreedores y la ausencia de documentación acreditativa de los gastos efectuados por el organismo Fundación Arte y Cultura.

Cifra el endeudamiento a 31 de diciembre de 2005 en 31,5 millones de euros sin incluir intereses, aunque en abril de 2006 permanecían al menos 73,3 millones de euros de obligaciones no reconocidas presupuestariamente, además de otros 92,1 millones por la falta de pago de las retenciones del IRPF de sus empleados.

Respecto a los ingresos, el TC detecta que los derechos pendientes de cobro a finales de 2005 rebasaban los 203,7 millones de euros.