El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al Anteproyecto de Ley del Registro Civil, que busca "ampliar de arriba abajo" el actual modelo, vigente desde 1957, y crear un nuevo registro único y electrónico "pensando en las personas" que simplificará trámites y agilizará procesos y que supondrá la creación del Código Personal de Ciudadanía. Esta decisión se toma la misma jornada en la que se decidió remitir a los órganos consultivos el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, la norma llamada a fijar un nuevo modelo de crecimiento económico.

Según explicó en rueda de prensa el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no se trata de "colocar ordenadores y aplicar las nuevas tecnologías al registro tradicional", sino que supondrá cambiar profundamente el actual sistema. Fuentes gubernamentales explicaron que la ley podría aprobarse en unos nueve meses, de manera que su aplicación total estaría en marcha dos años después de esta fecha.

El nuevo registro se convertirá en una base de datos electrónica común que dejará atrás los libros físicos del registro, de modo que el ciudadano podrá realizar consultas por Internet o realizar trámites en cualquier de las oficinas del país.

Además, dejará de estar "judicalizado" y pasará a ser un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, de manera que, aunque sus actos seguirán sometidos al control de los jueces, serán "funcionarios*públicos cualificados" los encargados de los nuevos registros.

De esta manera, se descarga a los jueces de una función impropia. Para ello, el ministro también ha presentado un anteproyecto de ley orgánica complementario que modificaría la Ley Orgánica del Poder Judicial para revisar el artículo sobre las atribuciones de juzgados y tribunales.

Ficha personal única

El anteproyecto del Gobierno busca que el Registro Civil se convierta en un registro individual, que otorgue a cada individuo una ficha personal única donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento.

Según el texto aprobado, los españoles recibirán al nacer un Código Personal de Ciudadanía (CPC), correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.

Su ficha personal podrá ser consultada telemáticamente y también será accesible por las administraciones que lo necesiten para la realización de trámites, de manera que "lo normal es que no se exija nunca al ciudadano que presente una certificación del registro civil", explicó Caamaño.

Además, con la nueva ley dejarían de expedirse Libros de Familia, que serían sustituidos por certificaciones registrales que podrán ser solicitadas personalmente o a través de Internet. Los registros dejarán también de ocuparse de la tramitación de los expedientes matrimoniales y serán los municipios lso que se encargarán de ello y, una vez celebrado el matrimonio, lo pondrán en conocimiento del registro.

En general, los centros sanitarios, los ayuntamientos o los órganos judiciales serán los encargados de remitir al Registro Civil por vía telemática la documentación necesaria para inscribir los nacimientos, los matrimonios, los divorcios o las defunciones.

Además, el nuevo registro será "acorde al Estado de las autonomías", ya que el anteproyecto de ley reconoce el derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado, de manera que los ciudadanos podrán obtener certificaciones en cualquiera de estas lenguas.

Nueva organización del registro civil

Con la nueva ley, el nuevo Registro Civil se articularía en tres órganos sin dependencia jerárquica y con funciones muy específicas: oficinas generales, oficina central y oficinas consulares. Las primeras, unidad básica del nuevo registro, serían las encargadas de las funciones ordinarias. El texto prevé la creación de una por comunidad autónoma más otra por cada 50.000 habitantes.

Por su parte, la oficina central tendrían la función de inscribir las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, los documentos auténticos extranjeros y encargarse de la cooperación jurídica internacional en materia registral.

La función de las oficinas consulares, dependencias del Registro Civil en el extranjero, no variaría sustancialmente con respecto al actual modelo.

De esta manera, se pasaría a tener unos 108 registros aproximadamente, frente a los 431 principales que hay en la actualidad, a los que hay que añadir los más de 7.000 juzgados de paz de todo el país, lo que suponen "más de 8.000 puntos dispersos por toda la geografía para el registro civil".

La modernización del Registro Civil es uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para esta legislatura, tal y como lo estableció el ministro de Justicia en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2009. Así, es una de las prioridades del Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2009 y, y es una promesa electoral del actual gobierno del PSOE.

Ley de Economía Sostenible

La sesión del viernes del Consejo de Ministros también acordó remitir a los órganos consultivos el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, la norma que persigue la creación de un modelo de crecimiento económico "más resistente a las incertidumbres", según indicó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

De esta manera, apuntó que el texto pasará por estos órganos antes de su remisión al Consejo de Estado y el inicio de su trámite legislativo en el Parlamento. Concretamente, el anteproyecto de Ley será analizado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el Consejo Económico y Social (CES), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros.

Según precisó de la Vega, el Gobierno ha solicitado la valoración del texto por parte de estos órganos con la intención de que pueda entrar en vigor "cuanto antes", puesto que entre sus objetivos está la "consolidación de nuevas perspectivas de desarrollo y el impulso de la recuperación económica".

De la Venga, que se mostró convencida de que los órganos consultivos "aportarán sugerencias que servirán para mejorar este proyecto clave para fijar el marco económico que exigen los tiempos", recordó sus tres ejes de actuación: la mejora del entorno económico, de la competitividad y la sostenibilidad ambiental.

Además, el Gobierno invitó expresamente a participar en este proceso de consulta a las comunidades autónomas, dado que diversas disposiciones del anteproyecto de Ley contienen criterios de actuación para las administraciones públicas que deberán ser aplicadas, tanto por autonomías como por entidades municipales, representadas a través de la Comisión Nacional de la Administración Local.

Adicionalmente, y para facilitar la participación de asociaciones y ciudadanos, el texto se podrá consultar en la página web del Ministerio de Economía (www.meh.es) desde este viernes hasta el próximo 26 de enero.

Finalmente, De la Vega indicó que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha introducido algunas modificaciones, si bien resaltó que entre sus principales avances siguen estando la revisión de organismos reguladores sectoriales, una mejora de la regulación financiera, así como la ampliación de la oferta significativa, el impuso de la I+D+i y la consecución de un modelo energético sostenible.