Los sindicatos policiales solicitarán que Conde-Pumpido explique su acusación ante el Supremo

Los abogados de los sindicatos policiales ya tienen practicamente redactada la querella que presentarán a finales de esta semana contra el fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo. En la misma, solicitarán que Cándido Conde-Pumpido explique ante la Sala Segunda del Alto Tribunal las acusaciones que lanzó contra el Cuerpo Nacional de Policía la pasada semana, informaron a Europa Press fuentes de la representación legal de los sindicatos.

La querella se presentará un por un delito de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recogido en el artículo 504.2 del Código Penal, además de por otros delitos ordinarios de injurias y calumnias.

El fiscal general del Estado anunció el pasado jueves, en el transcurso de los Desayunos Informativos de Europa Press, que había pedido a la Guardia Civil y no a la Policía información sobre posibles listas de Batasuna para los próximos comicios europeos. "Hago esta distinción porque cuando presentamos la ilegalización de ANV y el PCTV y cuando hemos presentado la impugnación de Askatasuna y D3M tuvimos que fundarnos en los informes de la Guardia Civil porque la Policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo las del juez instructor", afirmó el fiscal general.

Las fuentes consultadas explicaron que en la querella se aportará "un relato" de las investigaciones practicadas por la Policía respecto a las listas electorales vinculadas a ETA de las que Conde-Pumpido dijo que la Fiscalía no había sido informada en su momento. Algunas de esas investigaciones proporcionaron información fundamental para la ilegalización de listas electorales y, posteriormente, los partidos que las sustentaban, por su vinculación jerárquica y económica con la ya ilegalizada Batasuna.

Si el Tribunal Supremo admite a trámite la querella contra Conde-Pumpido, una de las primeras actuaciones que debe ordenar es la declaración ante la Sala Segunda del fiscal general del Estado. Los sindicatos policiales pretenden que, en esa declaración, explique "a qué se refería" cuando dijo que la Policía no colaboraba con el Ministerio Público y que detalle en que investigaciones no ha recibido la información solicitada a la Policía.

La reacción de la cúpula del Ministerio a las declaraciones de Conde-Pumpido no han contentado a los representantes de los policías, que exigieron al ministro, al secretario de Estado y al director de Policía y Guardia Civil y a la Junta de Gobierno del Cuerpo que corrigiesen de inmediato al fiscal general y respaldasen a los investigadores.

"Nefasta" reacción de Rubalcaba

Según declaró hoy a Europa Press el presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), José Angel Fuentes Gago, la reacción de Interior ha sido "nefasta". Rubalcaba acudió a una emisora de radio 48 horas después de las declaraciones de Conde-Pumpido para asegurar que sus declaraciones partían de una "diferencia interpretativa" sobre si los informes "llegaban directamente o no a través del juez Garzón". "Al final llegaron, y la investigación se hizo", subrayó el ministro.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se limitó a decir la misma mañana de la polémica que Interior defendería a la Policía y la Guardia Civil de cualquier "ataque injusto", mientras que el jueves por la tarde, el 'mando único', Francisco Javier Velázquez, compareció junto a Conde-Pumpido en unas jornadas jurídicas cerca de Madrid para decir que había un "problema procedimental" que ya se había arreglado. Sobre éste último, Velázquez, Fuentes Gago dijo que se trata de "un caso perdido" y que ya ni siquiera le reclaman públicamente una rectificación.

En un comunicado conjunto, los sindicatos policiales exigían también a la Junta de Gobierno de la Policía, formada por los principales mandos, que públicamente rectificasen igualmente al fiscal general. En este sentido, los sindicatos solicitaron hoy mismo la convocatoria extraordinaria de un Consejo de la Policía, su órgano de representación con la Administración, para abordar la polémica y que los mandos puedan exponer su postura sin necesidad de hablar ante un micrófono. Su postura será puntualmente trasladada a los más de 60.000 funcionarios que los sindicatos representan.