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Los sindicatos de Policía llaman a la calma tras los últimos casos de corrupción

Madrid, Sevilla, Vizcaya o Melilla. Los casos de corrupción no discriminan localidad ni Cuerpos de Seguridad. En siete meses se han desvelado nueve tramas y unos 50 agentes han sido detenidos. Los sindicatos creen que no hay motivo para la alarma, aunque discrepan en su valoración sobre los controles existentes.

En Conil de la Frontera (Cádiz) se produjo la primera detención del año. El 8 de enero, el jefe de la Policía Local fue arrestado por su presunta vinculación en la falsificación de documentos y en el robo de vehículos. En mayo, el jefe policial de Coslada (Madrid), Ginés Jiménez Buendía, y 25 agentes fueron detenidos por su presunta vinculación con extorsiones a dueños de bares, comerciantes y prostitutas. Tomás Felipe Boto, "el Calabaza", corrió igual suerte hace dos semanas. El jefe de la Policía Local de El Molar (Madrid) fue arrestado en el marco de una investigación por menudeo de droga. De momento está en libertad con cargos. Y hace escasos días en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla se produjo un robo de 100 kilos de droga.

Juan Luis Amaro, secretario general del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), destaca que "la mayoría de casos de corrupción son de jefes de plantilla". La portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Begoña Romero, no cree que estos casos sean la punta de un iceberg o que encierren un problema generalizado de corrupción. Para Romero los cerca de 140.000 funcionarios que componen los Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden ser cuestionados por las acciones de unos pocos.

En esa línea, Lorenzo Nebrera, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), señala que "los casos no suelen ser habituales", y desde la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) José Francisco Cano, secretario general, abunda en que son "rotundamente hechos aislados".

Juan José Santos Alario, secretario general de la Confederación de Seguridad Local (CSL), dice que no son necesarios más controles. Sin embargo, la Unijepol propone crear un comité de ética que impulse las buenas prácticas y una inspección general de policías locales en las comunidades. Para el SUP, un organismo parecido al régimen interno de la Guardia Civil sería pertinente para los municipales. Y el Sppme pide que los alcaldes apliquen los controles actuales ante el más mínimo atisbo de irregularidad.

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