Los populares tendrán más paciencia con Fabra que con Matas y Bárcenas

El PP pierde la unidad de criterio en relación con sus imputados. Mariano Rajoy forzó la dimisión de Luis Bárcenas, ex senador y ex tesorero del partido, y del ex diputado Jesús Merino por su imputación en el denominado caso Gürtel. Igual resolución mostró con Jaume Matas, ex presidente del PP balear, implicado en el caso Arena. Sin embargo, el máximo dirigente popular no actuará con tanta contundencia en el caso de Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón, al que el fiscal le pide 15 años de cárcel por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública. "Lo único que tiene que decir el PP es que respeta absolutamente la acción de la justicia y vamos a esperar a lo que decida la justicia", indicó ayer en Toledo la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal.

"Rajoy debe andar con pies de plomo en este asunto", según comentan fuentes de la dirección nacional, porque si precipita la caída de Fabra debería hacer lo mismo con el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y con el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, ya que ambos están inmersos en sendas investigaciones judiciales. Rajoy, que parte con la aparente desventaja de haber calificado de "ciudadano ejemplar" a Fabra, quiere marcar su propio tiempo y administrar soluciones "caso por caso", según indicaron estas mismas fuentes.

Una estrategia que cuenta con el respaldo de buena parte del partido. Antonio Basagoiti, líder de los populares vascos, respondió a una pregunta periodística sobre cómo debía actuar el PP en relación a Fabra afirmando: "Lo que diga el presidente de mi partido para mí va a misa".

Más respaldo a Carlos Fabra

Junto a la número dos del PP nacional, otra opinión de la dirección popular provino del vicepresidente del Gobierno valenciano y consejero de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, quien pidió "respeto siempre a la presunción de inocencia" de Fabra. Rambla señaló que en los próximos meses "se verá cómo continúa este proceso" e incidió en la petición de respeto para la presunción de inocencia, ya que "es un derecho constitucional". También pidió respeto a la justicia para que "pueda hacer su trabajo sin presiones".

Por su parte, el PSPV de Castellón consideró que la permanencia del presidente de la Diputación de Castellón en sus cargos públicos y "el desprecio sistemático a dar explicaciones sobre el origen de sus ingresos millonarios" constituye un "desafío inaceptable" a los "principios morales que sustentan la convivencia democrática".

En un manifiesto, el PSPV señaló que Castellón es "una tierra de ciudadanos honrados que aspiran a que sus políticos también lo sean", por lo que entiende que esta provincia "no merece permanecer más tiempo vinculada a los casos de corrupción que lastiman su imagen y buen nombre". "Todo el entorno político del acusado es responsable de la situación de descrédito que vive la provincia", denunció el PSPV provincial.