Fin del camino. El Tribunal Constitucional afronta desde hoy la semana decisiva para emitir una sentencia sobre el 'Estatut' de Cataluña, tras dos años y medio de debates sobre el fondo del asunto. Los magistrados del tribunal tienen encima de la mesa un único punto del orden del día "para votación y fallo" de la sentencia, cuya ponente es la presidenta María Emilia Casas. Los ecos de una resolución "inminente" ha llegado a las fuerzas políticas, que en el homenaje celebrado en el Congreso a las víctimas del terrorismo ponían incluso fecha para la 'fumata blanca': el miércoles.

Los equilibrios de fuerzas son desfavorables a dar salida a este borrador, ya que está en sintonía con el que presentó la progresista Elisa Pérez Vera el pasado 16 de abril, y que fue rechazado por seis votos a cuatro. Pese a que el texto de Casas asume modificaciones respecto a asuntos tan controvertidos como la definición de Cataluña con el término nación o el uso de la lengua catalana, todo apunta a que el único magistrado que podría dar un vuelco al equilibrio de fuerzas, Manuel Aragón -nombrado en su día por el Gobierno de Zapatero-, no está por la labor de cambiar de opinión.

A la vista de la falta de consenso, la presidenta del Constitucional ya manejaba la semana pasada un 'plan B' para sacar adelante su ponencia, que incluye, al menos, 13 declaraciones de inconstitucionalidad y el sometimiento a interpretación de otros 24 preceptos. Casas sondeó a sus diez compañeros del pleno sobre la posibilidad de votar la resolución artículo por artículo, y el acuerdo fue unánime. El artículo 254 de la ley Orgánica del Poder Judicial ampara además esta fórmula de voto.

Pese a la lentitud que podría suponer este método de deliberación, el comentario más escuchado ayer en el Congreso es que de esta semana no pasa sin sentencia del 'Estatut'. Tal era la psicosis que algunos diputados, como el secretario general del CIU, Josep Antonio Durán i Lleida, canceló un viaje a Guatemala para estar presente en el esperado momento.