Los padres y familiares de la joven sevillana Marta del Castillo registraron ayer en el Congreso de los diputados los 1,6 millones de firmas que han recogido para pedir un referéndum constitucional para la legalización de la cadena perpetua revisable y el cumplimiento de las condenas "íntegras" sin beneficio penitenciario para delitos graves.

Una treintena de familiares de Marta, que presuntamente fue asesinada la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en una vivienda de la barriada sevillana de León XIII, llegó ayer a la Cámara baja con 35 cajas numeradas con las firmas, recogidas en un buen número de ciudades españolas. Las 1,6 millones de rúbricas suponen una cantidad superior a los votos que dan representación a algunos grupos políticos con diputados, destacaron los padres de Marta.

A las puertas del Congreso, la madre de la joven, Eva María Casanueva, pidió "el cambio necesario" para que las condenas se cumplan íntegras y manifestó que "la ley es demasiado blanda para los delitos fuertes". En declaraciones a los medios, aseveró que no pierde la esperanza de que se produzca un cambio en el Código Penal de modo que se eliminen los beneficios penitenciarios que recoge, así como un referéndum constitucional para la implantación de la cadena perpetua revisable para delitos especialmente graves.

Mientras, el abuelo de la joven, José Antonio Casanueva, quiso hacer a los diputados "partícipes" de las firmas. "Esperamos que tengan en cuenta estas firmas de todos los españoles y que se modifiquen las leyes que traen de cabeza a mucha gente", aseveró Casanueva.

Con Rajoy y Arenas

Los padres de Marta se reunieron en la Cámara con el presidente del PP, Mariano Rajoy, el presidente del PP-A, Javier Arenas, y la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Según declaró posteriormente Antonio del Castillo, Rajoy le prometió que realizará una modificación del Código Penal que incluya la prisión permanente revisable si llega a ser presidente del Gobierno. Al término del encuentro, Arenas reconoció que el PP se ha planteado la posibilidad de incluir una nueva figura jurídica, pero que "no es exactamente" cadena perpetua.

Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió que la reforma del Código Penal abandona "la cultura del telediario" y la "legislación de la emoción" porque, aunque casos como el de Mari Luz o el de Marta del Castillo "desgarren como ciudadano", la respuesta no debe basarse en el incremento punitivo.

En su opinión, se trata de la "reforma más importante" desde el punto de vista cuantitativo -por el número de materias afectadas- y cualitativo -"intenta recobrar el hilo conductor de 1995"- que experimenta el "Código Penal de la democracia". "Una política criminal democrática no se hace con las voces y los gritos", recmachó.