El Consejo General del Poder Judicial cree necesaria una profunda reforma del sistema penitenciaria para evitar errores, incumplimientos y fugas que nunca se notifican. Los jueces que tutelan el cumplimento de las penas de los reclusos han elaborado un documento de trabajo en el que se quejan de la falta de medios, de las lagunas legislativas, de los solapamientos entre los juzgados, de la ausencia de comunicación entre las instituciones que deben vigilar a los internos y, sobre todo, de escasez de personal.

En el documento, denominado 'Conclusiones de Vigilancia Penitenciaria 2008', los magistrados alertan de que no hay «programas informáticos de gestión, tramitación y estadísticos» que sean compatibles entre las diferentes comunidades autónomas, y que en la actualidad, debido a estas disfunciones, no siempre es posible que los miembros de la judicatura conozcan «las diferentes ejecuciones o responsabilidades penales que existen sobre una misma persona».

Los jueces penitenciarios reclaman al legislador una Ley de Procedimiento de Ejecución Penal que acabe definitivamente con los continuos encontronazos entre jueces. Según el Poder Judicial, esta norma, además de «pautar» cuestiones tan importantes como hasta dónde llega el derecho de defensa de los presos, la intervención de las partes, las clases de recursos o los plazos, debería delimitar «las competencias entre los tribunales sentenciadores y los juzgados de vigilancia penitenciaria», que a veces compiten a la hora de controlar el cumplimiento de las condenas y otras veces se desentienden ambos en la creencia de que es el otro juez el que se encarga de supervisar esa pena.

Esa «indeterminación normativa», denuncia el informe, también se da a la hora de saber «qué juez o tribunal es el competente para acordar la busca y captura de los internos que no se reintegran de un permiso de salida o que se evaden del centro penitenciario». Los jueces de vigilancia, que aseguran ver esta situación con «preocupación», reclaman al CGPJ que delimite esas competencias.

Falta de coordinación

La coordinación entre las diferentes instituciones también es un problema. Los jueces reconocen que no tienen claros los «efectos y consecuencias» que generan en las fuerzas de Seguridad la comunicación de los centros penitenciarios de que un interno se ha escapado durante un permiso. Los magistrados piden aclaraciones de si ese simple aviso ya sirve para que se active la búsqueda.

Pero van más allá: reclaman a las administraciones penitenciarias (Ministerio del Interior y Gobierno catalán) que siempre notifiquen a los jueces de vigilancia el regreso (voluntario o forzado) de un recluso huido, porque a veces los magistrados siguen persiguiendo a presos fugados que ya han vuelto a estar entre rejas.

El documento hace hincapié en que «el incremento del número de personas privadas de libertad en España, superior a las 70.000» hace imprescindible que aumenten las plantillas judiciales y los medios para tener «un número suficiente de juzgados de vigilancia penitenciaria», tanto para garantizar los derechos de los reclusos como «de la sociedad en general».

Como receta contra este creciente hacinamiento, los magistrados creen «imprescindible» poner en práctica «penas alternativas a la prisión» y, en especial aumentar el número de plazas de trabajo en beneficio de la comunidad. Por ello, reclaman una mayor implicación en de la sociedad y de la administraciones para que crezcan los cumplimientos fuera de las cárceles.