Las principales asociaciones de jueces han instado este lunes a la Generalitat a cumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le da un plazo de dos meses para que el castellano sea también lengua vehicular en las escuelas catalanas, al margen de la polémica política.

Así lo han expresado tras el rechazo de todos los partidos catalanes, a excepción del PP y Ciutadans, al auto del TSJC y del primer sindicato de maestros, USTEC, que ha pedido a los docentes que desobedezcan al tribunal.

El secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Antonio Ballesteros, ha señalado que el respeto a las normas es un aspecto consustancial al Estado de derecho y la democracia, donde todas las instituciones están obligadas a cumplir la ley y las resoluciones firmes de los juzgados y tribunales.

"Las opiniones políticas son libres, de forma que cada uno puede manifestar aquello que crea conveniente y criticar las resoluciones judiciales", en ejercicio del principio de la libertad de expresión, pero las instituciones deben respetar la ley porque, de lo contrario, no sería posible la convivencia democrática, ha explicado Ballesteros.

Ha precisado que el TSJC ha dicho que la transmisión de conocimientos en Cataluña debe hacerse en lengua castellana cuando así lo solicite un ciudadano, lo que, en su opinión, puede generar un debate en términos políticos, pero no debe cuestionarse el cumplimiento de la resolución judicial.

Soluciones concretas

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, ha asegurado que el auto declara que el sistema de inmersión lingüística vigente en Cataluña es constitucional y que se deben buscar soluciones para aquellos casos concretos en que los padres quieran que su hijo sea educado en castellano.

"No hay un problema lingüístico, ni jurídico", ha señalado Ramírez, quien ha atribuido la polémica política a interpretaciones interesadas del contenido de la sentencia.

Tras afirmar que hay que partir del principio básico de que las sentencias se deben cumplir en un Estado de derecho, ha instado a la Generalitat de Cataluña a articular los mecanismos para dar cumplimiento a lo establecido en el auto, lo que no significa que el mismo "cuestione todo el modelo lingüístico y educativo en Cataluña".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJMFV), Marcelino Sexmero, ha exigido a la Generalitat de Cataluña el inmediato cumplimiento de la decisión judicial, que está amparada en sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS).

Sexmero ha resaltado que "cuando los tribunales adoptan decisiones judiciales no entienden de política y, una vez adoptadas, el Estado de derecho exige que las administraciones cumplan con lo que dicen los tribunales".

El portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Javier Varona, también ha subrayado que la Generalitat de Cataluña debe cumplir el auto del TSJC por considerar que "es perfectamente claro desde el punto de vista jurídico", aunque se discrepe de la solución que se da desde el prisma "político".