Los 'indignados' de Palma tratarán de entregar al Rey un listado de los distintos consensos alcanzados a nivel estatal por el movimiento 15-M, entre los cuales destaca la petición de una modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema «auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo».

Así, medio centenar de 'indignados' se dirigen hasta Ses Voltes, donde, a partir de las 21.00, Don Juan Carlos entregará los premios de la 30 edición de la Copa del Rey de Vela, con el fin de tratar de entregar al Monarca el citado documento, de tres páginas, a través del cual también le reclaman la eliminación de los privilegios de la clase política en lo que se refiere al pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones.

En este sentido, también piden la equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones, al tiempo que exigen la eliminación de la inmunidad asociada al cargo y la publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.

Los 'indignados' han señalado que mediante estas reivindicaciones, pretenden hacer llegar al Rey las «exigencias del pueblo soberano», a pesar de que indican que son «conscientes de que el Monarca no tiene potestad sobre los cambios que el pueblo está exigiendo desde hace mucho tiempo y que canaliza a través del Movimiento 15-M».

No obstante, los indignados consideran que Don Juan Carlos, como «jefe del Estado, no puede simplemente estar al margen» de estas peticiones que pretenden lograr un cambio en el sistema político, económico y social.

Entre las peticiones, destacan la celebración de referéndums «obligatorios y vinculantes» para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos, así como un control de las entidades bancarias, con el fin de «prohibir cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias». De esta manera, consideran que «aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social».

Además, reclaman la devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado, así como la eliminación de las SICAV y un aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.

Por otra parte, piden un «control real y efectivo del fraude fiscal y la prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales, así como una regulación de sanciones a los movimientos a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria».

Finalmente, otras de las exigencias destacadas son la «reducción» del gasto militar, la abolición de la Ley Sinde y la jubilación a los 65 años, así como ningún aumento en la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.