JUSTICIA

Los funcionarios rechazan masivamente la oferta de Justicia y mantienen la huelga

Según los primeros datos aportados por los sindicatos, la última propuesta económica realizada por el Ministerio ha recibido el apoyo de tan sólo el 14,29 de los trabajadores llamados al referéndum, mientras que el 85,71 por ciento la rechaza.

Los funcionarios de la Administración de Justicia no transferida han decidido en referéndum, por abrumadora mayoría, rechazar la oferta de incremento salarial hecha por el Ministerio y mantener la huelga indefinida que comenzó el pasado 4 de febrero.


Así lo han informado los sindicatos convocantes de la protesta, que han asegurado que el 85,71% de los trabajadores han dicho no a la oferta de Justicia -un aumento de 140 euros mensuales este año que se incrementaría hasta los 180 euros en 2009-, que sólo han aceptado el 14,29%. A la segunda pregunta planteada en la consulta de hoy, sobre si estaban dispuestos a continuar con la huelga, el 88,30% de los funcionarios ha dicho que sí, frente a un 11,70 que ha votado por poner fin al conflicto.


En una nota de prensa, las centrales han asegurado que el Ministerio "debe reconocer las reivindicaciones de los trabajadores y sentarse a negociar con una clara e inequívoca voluntad de acabar con el conflicto". "Apelamos a la responsabilidad de Mariano Fernández Bermejo como ministro en funciones y a la del presidente del Gobierno como responsable máximo y último para poder dar solución a esta situación que dura ya dos meses", añade el comunicado.


Por su parte, y tras conocer los resultados del referéndum, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Miguel Segarra, ha pedido a Justicia que se someta a un arbitraje voluntario para solucionar el conflicto.


Segarra, que propone como árbitro al presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, aboga por esta fórmula al considerar que, a la vista de la actual situación de bloqueo, hay "escasas" posibilidades de que los sindicatos convocantes de la huelga y el Ministerio lleguen a un acuerdo "a corto plazo".


En declaraciones esta mañana a TVE, Fernández Bermejo hizo un llamamiento a la responsabilidad de los funcionarios de la Administración de Justicia no transferida para que apoyaran el fin de la huelga en el referéndum.


El titular de Justicia señaló, no obstante, que si los trabajadores decidían seguir la huelga habría que continuar haciendo esfuerzos para que la situación se arregle.


Sin embargo, consideró "difícil de digerir" la actitud de los sindicatos, ya que, según él, en la madrugada del martes alcanzaron un "principio de acuerdo" con el Ministerio y acto seguido pidieron a los trabajadores que lo rechazaran en la consulta.


Los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF, UGT y STAJ han cifrado en más del 70% la participación en el referéndum, celebrado en los órganos centrales con sede en Madrid y en las comunidades de Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja, además de en Ceuta y Melilla. En Baleares, no obstante, las votaciones del referéndum han sido anuladas, debido a que varias personas que no habían hecho huelga han votado.


Según ha explicado el presidente de CSI-CSIF, sindicato mayoritario en la Justicia balear, Andrés Bou, las votaciones se han anulado por "un defecto de forma", después de que unos quince funcionarios que no habían hecho "ni un día de huelga" hayan depositado su voto.


Bou ha indicado que las directrices del comité de huelga estatal fijaban que sólo los funcionarios que hubieran hecho huelga podían votar. El sindicato UGT no hace la misma interpretación, y a última hora de la tarde la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios Públicos de esta central se ha reunido "de manera extraordinaria" para estudiar las medidas a adoptar ante ésta y otras irregularidades.


Fuentes de UGT han explicado que el referéndum celebrado este miércoles -cuyo resultado no discute- ha sido irregular porque no existe un censo de trabajadores, porque fue convocado con sólo 48 horas de antelación y porque todos los funcionarios, y no sólo los que secundaban la huelga, habrían debido poder votar.