Juristas defienden las medidas contra Jaume Matas

Seguro que fue más que un pellizco en el bolsillo. Jaume Matas debió de experimentar un vuelco en sus cuentas y bienes cuando se enteró de que debía desembolsar tres millones de euros si quería librarse de la cárcel. El ex presidente balear se enfrentaba a la fianza más elevada nunca impuesta en España a un político implicado en casos de corrupción. A esa altura se codeaba solo con Juan Antonio Roca, ex asesor del Ayuntamiento de Marbella, implicado en el caso Malaya, que tuvo que abonar la misma caución para no verse entre rejas en 2008.

Pero Matas ha logrado esta semana el dudoso honor de superar a Jesús Gil, a Arnaldo Otegi o a su ex compañera en el Ejecutivo balear María Antonia Munar en una peculiar clasificación que, incluyendo a imputados por delitos no solo relacionados con la política, lidera Mario Conde. En 1997, al ex banquero le impusieron 2.000 millones de pesetas de los de entonces (12 millones de euros) por el caso Argentia Trust.

El pellizco le tuvo que doler a Matas, pero basta repasar los 147 folios del juez José Castro, encargado de instruir la causa contra el ex ministro de Medio Ambiente, para explicarse por qué la cantidad solicitada para él resultó tan alta. De acuerdo con las pesquisas del magistrado, el acusado cumple rigurosamente todas las agravantes que la ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 531, señala como base para determinar una elevada cuantía para las fianzas, comentaron expertos juristas. "Se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado y las demás circunstancias que pudieren incluir en el mayor o menor interés de este para ponerse fuera del alcance la autoridad judicial", reza la ley.

Según Castro, el ex presidente balear incurrió en falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, blanqueo de dinero y delito electoral. Por si fuera poco, el riesgo de que huya de la Justicia tampoco es desdeñable. El magistrado sospecha que el ex ministro, que ha trabajado los últimos tres años en Estados Unidos, oculta un patrimonio en el extranjero.

Una hucha

Eso sí, Jaume Matas puede empezar a devolver a la Justicia lo que supuestamente ha robado antes de lo que cree. Si el próximo miércoles presenta los tres millones en los juzgados de Palma, su dinero pasará a engrosar la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, una 'hucha' que creó la Administración en 1984 para uniformizar, organizar y controlar las cauciones de cualquier juzgado, operaciones que hasta entonces se realizaban a mano en los tribunales.

Aquel año, BBV (después, BBVA) se hizo con su gestión. Desde 2002, Banesto posee este servicio, cuya oferta sale a concurso público cada cinco años. La Cuenta de Depósitos y Consignaciones tiene un saldo medio anual de unos 3.000 millones al año y la entidad paga al Tesoro Público un interés del euribor más 1,8 puntos por el dinero gestionado. Si el juicio se prolonga y la fianza se mantiene en manos de la Justicia, de los tres millones del ex ministro de Medio Ambiente la Hacienda Pública obtendrá un beneficio anual aproximado de 90.000 euros.

"Objetivamente, la fianza impuesta a Matas es altísima", indica el magistrado Ignacio Espinosa, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. No obstante, precisa que cuando se solicita semejante cantidad, "tanto la Fiscalía como el juez están viendo clarísimos indicios de delito". Fianzas tan altas como la de Matas no se fijan todos los días porque, como explica el fiscal jefe de un Tribunal Superior de Justicia, la cárcel es un camino más corto. "Cuando el juez cree que el acusado es culpable, lo envía directamente a prisión", asevera este fiscal.