La secretaria del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, llamó por teléfono a la filial del Canal de Isabel II en Barranquilla para poner fecha a la cita pendiente del presidente de la empresa en Madrid, Ignacio González, con el mandatario del país caribeño.

Era pleno mes de agosto y las secretarias del vicepresidente de la Comunidad de Madrid organizaron el viaje a toda prisa con destino a Cartagena de Indias. Acompañado por el gerente y otros consejeros de la compañía, González voló en un avión de Iberia y se instaló en el bellísimo convento de Santa Clara, antiguo hospital de caridad transformado en un hotel enclavado en el corazón de la capital del departamento Bolívar. El dirigente popular y mano derecha de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ignoraba que estaba siendo vigilado y grabado con cámara oculta. Los espías empaquetaron imágenes y movimientos en un dossier. El suyo no era el único caso.

Otros dirigentes del PP fueron seguidos por espías y los datos recabados recogidos en informes que salieron a la luz esta semana provocando un escándalo político que puso patas arriba al primer partido de la oposición.

Antes de que el diario El País pusiera bajo los focos los distintos casos de espionaje publicó una noticia clave a partir de la cual se interpretaron después el resto de informaciones de la supuesta trama de vigilancias a cargos públicos. «Ex policías y guardias espían para el consejero de Aguirre», decía el rotativo en su primera plana. Supuestamente, el consejero de Presidencia e Interior de Madrid y secretario general del PP, Francisco Granados, cuenta con un equipo de seguridad -a cargo del ex inspector de policía, Marcos Peña- que se ha dedicado a elaborar informes de casos de corrupción y seguimientos a políticos «al margen del control político o legal, a través de sus investigaciones y de sus contactos con la policía y la Guardia Civil». Granados negó el espionaje pero admitió que su equipo de seguridad realizaba «labores de contravigilancia y seguridad de edificios».

Aunque pudiera parecer, en un principio, que los espías que siguieron a Ignacio González - tanto en Cartagena de Indias como en otro viaje privado a Sudáfrica- podrían enmarcarse en este sospechoso servicio de seguridad, los datos del informe desmentían este extremo. La investigación, realizada con tan poco tiempo de margen, a muchos kilómetros de distancia y con una evidente capacidad operativa en un país extranjero, ponía de manifiesto que quien había ordenado el espionaje al vicepresidente contaba con terminales a su servicio en el exterior. O eran del CNI, miembros del servicio exterior de la Guardia Civil o se trata de informes comprados a una agencia de detectives local. Cualquiera de las tres hipótesis abunda en la teoría de que el vicepresidente es objetivo importante para los artífices del espionaje.

A medida que se alimentaban los dimes y diretes sobre los movimientos de González, los contactos con supuestos empresarios de la construcción en sus destinos internacionales, el pago en metálico de los ocho mil euros que le costaron los billetes de avión, etc. etc., en las filas del PP se empezaba a acusar el golpe. Los dirigentes populares cerraban filas con Aguirre, y negaban la existencia de una trama de espionaje en el seno de la Comunidad de Madrid. De puertas para adentro, cundían las sospechas y muchos concedían credibilidad a las informaciones publicadas. La sombra de los enemigos de la presidenta y la bronca interna en el PP o la lucha de poder en Caja Madrid empezaron a proyectarse sobre las escandalosas publicaciones, que enseguida fueron atribuidas a una venganza contra el vicepresidente.

Mortadelo y Filemón

El recorrido de la teoría conspirativa de la supuesta trama de espionaje, apuntando a la cabeza del número dos de Aguirre, fue muy corto. En los dos días posteriores, el mismo rotativo publicó nuevos dossiers referidos a seguimientos diarios realizados al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia e Interior de la comunidad, Alfredo Prada. Pero el estilo de los informes era muy diferente y, a todas luces, fruto del trabajo de pseudoprofesionales de la chapuza detectivesca, al estilo de Mortadelo y Filemón. Espías de medio pelo reportaban a su jefe -según las informaciones publicadas-, el ex policía Marcos Peña, datos tan irrelevantes como las salidas o llegadas del concejal al edificio del ayuntamiento, a su casa o a la sede del PP en la calle Génova.

«Llegada de 'C' (Cobo) a la hora habitual al trabajo, quedándose su vehículo en el interior de la puerta principal. Al no observar movimientos nos retiramos al otro objetivo», decía una de las sorprendentes aportaciones del supuesto espía. La historia sería cosa de tebeo si no tuviera una significativa lectura política. Los seguimientos al vicealcalde de Alberto Ruiz-Gallardón se realizan -supuestamente- en al mes de abril de 2008, cuando Esperanza Aguirre se enfrentaba abiertamente a Mariano Rajoy, en pleno pulso por el poder antes del congreso nacional del PP, celebrado en junio en Valencia.

El morbo aumentó con nuevas informaciones y los populares revivieron la pesadilla de la etapa precongresual con los mismos protagonistas enfrentados. El diario del jueves apuntaba en la misma dirección de la víspera y alimentaba la sospecha de que la Comunidad de Madrid vigilaba a dirigentes madrileños cercanos a Rajoy, en unos días decisivos para la continuidad del líder del PP.

El ex consejero autonómico de Justicia e Interior, Alfredo Prada, aparece como una nueva víctima del equipo de seguridad que las informaciones siguen endosando a Francisco Granados.

De nuevo, eran los mismos chapuzas que dedicaban sus esfuerzos a relatar las idas y venidas del político y a describir los rasgos fisionómicos de los comensales con los que compartía almuerzo 'P' (Prada): «Edad avanzada, calvo y con gafas», «canoso y nariz puntiaguda» En principio, nada que llame la atención si no fuera porque los detectives perseguían al político cuando estaba bajo sospecha en el gobierno regional, claramente fuera de la influencia de Aguirre y enfrentado al vicepresidente González. Prada apoyó a Rajoy frente a Aguirre y, un mes después de haber sido espiado, fue cesado. El líder del PP lo incluyó en su comité ejecutivo como secretario del partido para la inmigración.

Vista con perspectiva, la semana de pesadilla para el PP deja al descubierto una intrincada madeja de intereses, enfrentamientos y tramas enredadas que nadie en la sede de la calle Génova alcanza a comprender. Todos miran a los tribunales. El gobierno de Aguirre presentó una denuncia en el juzgado, el viceconsejero González acudió a la fiscalía de Madrid, igual que el vicealcalde Cobo, mientras que Prada instó la actuación del Fiscal General del Estado.