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UN MAGISTRADO EN EL BANQUILLO

Los entresijos del adiós de Baltasar Garzón

El magistrado Varela y los vocales conservadores del Poder Judicial precipitaron la suspensión temporal del juez.

Garzón, el viernes, a su salida de la Audiencia Nacional
Los entresijos del adiós de Garzón
EFE

Madrid. Martes, dos de la tarde. Los teléfonos del Tribunal Supremo echan humo. Se acaba de conocer que Baltasar Garzón ha pedido su traslado al Tribunal Penal Internacional. El juez quiere evitar la humillación de que el Consejo General del Poder Judicial le suspenda de sus funciones. Busca una salida digna antes de que el magistrado Luciano Varela decrete la apertura de juicio oral contra él por investigar los crímenes del franquismo. Una decisión que parece inminente y que conlleva, de forma automática, su abandono temporal de la Audiencia Nacional

El último órdago de Garzón llega vía telefónica al despacho de Varela. El magistrado del Supremo tiene la sartén por el mango y se pone manos a la obra para desbaratar la estrategia de su acusado.

Un año después de hacerse cargo del proceso había llegado la hora de dar la estocada al juez 'estrella'. Y qué mejor momento que este: con Garzón buscando una rama a la que agarrarse antes que caer al abismo de la suspensión, una deshonra para cualquiera que imparta justicia.

Varela se pone a escribir y a escribir. Es martes por la tarde y tiene una larga noche por delante. Si los tiempos de la justicia son por regla natural pausados, el magistrado desmonta el mito en un 'pis pas'. A primera hora del miércoles, y en menos de 24 horas, dicta siete resoluciones, cuatro autos y tres providencias, un hecho nunca visto. En una de las resoluciones decreta la apertura de juicio contra Garzón y con el resto finiquita los cabos sueltos del proceso.

Coincidencia con el caso Gürtel

La misma mañana del miércoles, el Supremo notifica la decisión al Consejo, que inicia el trámite de suspensión. Siete vocales conservadores fuerzan al presidente, Carlos Dívar, a convocar para el viernes el pleno extraordinario que decidirá apartar al instructor. Ello, pese a que el pleno ordinario estaba fijado para el 19 de mayo, pero esa fecha hubiera permitido que se resolviera primero la solicitud de Garzón de irse a La Haya.

Curiosamente, la maniobra de estos vocales coincidió con la decisión del Supremo de reabrir el caso de los trajes de Francisco Camps. A nadie escapa que Garzón fue el primer instructor del caso Gürtel, que ha salpicado a altos cargos del PP en Madrid y Valencia, por lo que muchos pensaban que los populares no iban a permitir la salida del juez sin castigarle.

En el Consejo, los móviles de los vocales ya no echaban humo, ardían. El jueves, también con una celeridad poco habitual, llegaron los papeles del Gobierno que autorizaban el traslado de Garzón a la Corte Internacional. Pero los vocales partidarios de apartarlo y de rechazar su marcha eran mayoría. Y no solo en el sector conservador; también entre una parte del progresista, encabezada por la vocal Margarita Robles, magistrada del Supremo como su amigo Varela.

La postura de este bloque la resumía el vocal conservador Antonio Dorado: "El único hecho objetivo es que ha habido una recusación cuando se iba a dictar la apertura de juicio hace 15 días, el asunto ya estaba terminado entonces". Dorado se refería a la recusación planteada por Garzón contra Varela, que el Supremo rechazó en tiempo récord y sin entrar en el fondo. La penúltima baza del juez cayó entonces como un torpedo no solo en el Alto Tribunal, sino también en la mayoría del Consejo, que esperaba impaciente para dar el abrazo del oso a Garzón.

No tuvieron que aguardar mucho. En el pleno del viernes fracasaron los intentos de algunos vocales progresistas de debatir de forma conjunta el traslado y la suspensión. "Aquí no tiene que haber vencedores ni vencidos; nos jugamos el prestigio a nivel internacional", clamó uno de ellos. Pero nada. Se voto a mano alzada y por unanimidad se suspendió al juez. La ley no dejaba otra salida.

El presidente Dívar era partidario de una solución salomónica y convocó una comisión permanente por la tarde para buscar, entre todos, una salida digna al magistrado. Y de nuevo, los conservadores lo impidieron. Torpedearon el acuerdo, pidieron nuevos informes dada la nueva situación procesal del instructor -uno de ellos, curiosamente, a la Sala de lo Penal del Supremo, la misma que lo va a juzgar- y congelaron la decisión hasta el martes. Una "deslealtad" para los vocales progresistas; Baltasar Garzón lo recibió como una nueva humillación.

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