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CASO GÚRTEL

Los abogados de Madrid se querellarán contra Garzón y la Fiscalía por las escuchas ilegales

Querella contra la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Así va a actuar el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ante el supuesto delito de prevaricación y de quebrantamiento del secreto de comunicaciones, en los que incurrieron los dos anteriores con motivo de las escuchas ilegales que, a juicio de esta agrupación, sufrieron varios de los abogados de los imputados en la trama de corrupción. Entre ellos, los de los cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo.

El ICAM iniciará acciones si no se abre ningún procedimiento a instancias del Ministerio Fiscal como consecuencia de las quejas trasladadas en este sentido para la "tutela de interés público de la justicia de la que es parte esencial el derecho de defensa".

Para ello, esta organización se escuda en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Concretamente, en la legitimación que reconoce esta normativa respecto a la Ley de Colegios Profesionales, el Estatuto General de la Abogacía y los Estatutos de la Corporación. En los artículos 446 o 447 se habla de comisión de delito de prevaricación.

Abogados bajo amparo

Así las cosas, el Colegio ha otorgado el amparo a un total de ocho abogados de los imputados en el caso Gürtel con motivo de las supuestas escuchas ilegales de las que fueron objeto por el juez Garzón en virtud del acuerdo proyectado ayer en Junta de Gobierno.

Entre los amparados se encuentran los letrados de Francisco Correa, José Antonio Choclán, denunciante de la supuesta ilegalidad de las intervenciones de las comunicaciones que sufrió durante las conversaciones mantenidas con Correa en prisión. Así, éste ha solicitado al juez Antonio Pedreira la nulidad de las actuaciones por la ilegalidad de las escuchas.

El organismo madrileño ha trasladado al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, su protesta por el comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción a través de las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura, al consentir la intervención de las comunicaciones, "injiriéndose en la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente".

Por esta razón, esgrimen que al fiscal general del Estado "la realización de cuantas actuaciones sean precedentes para depurar las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los fiscales intervenientes en dicha causa".

El ICAM ha expresado, además, su "extrema preocupación" por la vulnerabilidad del derecho de defensa y de la confidencialidad de las relaciones entre el abogado y su cliente, elementos esenciales del Estado de Derecho".

Así, ha insistido en que "la quiebra de ese derecho fundamental se especialmente odiosa cuando tiene lugar en un escenario donde la declaración de secreto del procedimiento y las situaciones de prisión preventiva de los imputados obligan a quienes únicamente tienen acceso a las actuaciones y pueden determinar su curso a extremar su celo en la observancia de la ley, de las garantías procesales y del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los afectados".

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