Los Ayuntamientos de las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza se gastaron en publicidad institucional más de 215 millones de euros en el período 2005-2007, según consta en el Tribunal de Cuentas.

El último informe de este órgano sobre 'Entidades locales: contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos' precisa que hace referencia solo a los contratos de importe superior a los 9.000 euros por considerar ésta una cuantía es significativa para homogeneizar el análisis contractual y sus conclusiones.

Del período analizado, la cantidad global más elevada se gastó en 2006, cuando las entidades locales de esas 6 ciudades suscribieron 904 contratos de publicidad institucional, con un presupuesto de 73,5 millones. En 2005 hubo 801 contratos y 71,6 millones, frente a los 969 contratos y 70,1 millones de 2007.

Madrid es el Ayuntamiento que más gasto, más de 121 millones en los 3 años, si bien se aprecia un claro descenso de su inversión, al pasar de los 45,7 millones en 2005 a los 35,1 de 2007.

Un recorte que no ha sido tan notable en Barcelona, donde se presupuestaron 60 millones de euros para esta partida, y se pasó de 17,2 millones en 2005 a los 23,2 del último ejercicio estudiado.

Destaca el aumento del Ayuntamiento de Sevilla donde se pasó de 1,9 millones en 2005 a los 4,2 de los 2007, frente a otras subidas menores, como en Málaga, con 2,9 millones en 2005 y 3,9 en 2007, o Valencia (2,2 en 2005 y 2,7 en 200).

El Tribunal de Cuentas recuerda a las entidades locales que «no pueden valerse» de la publicidad institucional para dar a conocer los servicios que prestan o los logros que consigue. Les advierte de que contravienen la normativa básica estatal y autonómica en los procedimientos contractuales, por restricción de la libre competencia y ser ajenos a los fines que persigue la publicidad institucional.

De los 6 Ayuntamientos estudiados, el Tribunal destaca que, salvo el de Zaragoza, el resto cuenta con gabinetes de prensa y, pese a ello, contrata otros servicios de agencia para dar publicidad de la corporación.

Añade que no ha observado ninguna utilización de la publicidad institucional con fines electorales después de analizar la campaña de las elecciones municipales de 2007.

En sus conclusiones, el órgano fiscalizador sugiere al Estado que vele por la homogeneidad de la normativa autonómica con el fin de impedir que se publiciten los logros obtenidos en la gestión pública.

También reclama que la publicidad institucional debido a su elevado coste se use exclusivamente como información a los ciudadanos de sus derechos y deberes y otros aspectos de interés general.

Recomienda que se modifique la normativa para que se distinga «de forma clara y precisa» la publicidad institucional y la que tiene un contenido económico y empresarial.