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JUSTICIA

Las Comunidades Autónomas piden regular la justicia gratuita

Las comunidades de Madrid, Canarias, Aragón, Cataluña, País Vasco, Galicia, Asturias, Andalucía, Comunitat Valenciana, La Rioja, Navarra y Cantabria han firmado en Santander un documento para mejorar la Administración, que defenderán el 25 de enero.

Las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la Justicia han acordado por unanimidad reclamar al Ministerio una reforma de la ley que regula la asistencia jurídica gratuita y la competencia sobre el personal no judicial que trabaja en este servicio.

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, el regionalista Vicente Mediavilla, ha destacado la unanimidad y el consenso alcanzado por las comunidades autónomas, que tendrán "una sola voz" ante el Ministerio a pesar de sus diferentes colores políticos.

Mediavilla, quien ha actuado como portavoz, ha subrayado en rueda de prensa las expectativas que tienen las comunidades autónomas de que el Estado atienda sus demandas. "Expectativas, las tenemos todas", ha dicho.

Las comunidades autónomas han acordado reclamar la competencia normativa sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, porque lo consideran "inaplazable" e "imprescindible" para implantar el modelo organizativo de la Oficina Judicial.

Las autonomías quieren poder aprobar la oferta de empleo público, convocar y resolver los procesos de selección y adscripción a los puestos de trabajo, nombrar a los funcionarios que superen las pruebas, impartir la formación inicial, diseñar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo, gestionar la promoción interna y el registro de personal y ejercer la potestad disciplinaria y todas las funciones necesarias para garantizar una gestión "eficaz y eficiente".

El consejero cántabro ha recalcado que esta propuesta se ajusta a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y ha precisado que no se refiere al poder judicial ni al Ministerio Fiscal, sino al cuerpo de auxiliares.

Las comunidades también reivindican una reforma de la ley sobre asistencia jurídica gratuita, un servicio que regula el Estado, pero pagan las autonomías.

Los gobiernos autonómicos quieren que este derecho se vincule exclusivamente con la carencia de recursos económicos para evitar, como ocurre ahora, que en algunos casos se puedan beneficiar de este servicio personas con rentas "millonarias".

El consejero ha recordado que en la jurisdicción social cualquier ciudadano tiene derecho a un letrado de oficio, lo que no es "muy razonable", porque "merma" las posibilidades de los que verdaderamente lo necesitan.

Las comunidades están de acuerdo en que toda la planta judicial esté compuesta por tribunales en lugar de órganos unipersonales, de acuerdo con las recomendaciones que ha hecho al Ministerio una comisión de expertos.

Y han reclamado su participación en la concreción de esta modificación, porque tienen "un conocimiento más cercano" de los partidos judiciales.

Además, piden la especialización comarcalizada de los juzgados de violencia sobre la mujer, para aumentar su eficacia, y apuestan por la renovación tecnológica y la teletramitación, para "desterrar paulatinamente y de forma definitiva" el papel de los órganos judiciales.

En el documento, que será enviado al Ministerio, las comunidades apuestan por potenciar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación, donde, según los estudios, se podrían solventar un tercio de los asuntos que ahora llegan a los órganos judiciales.

A la reunión, han asistido los consejeros del País Vasco, Idoia Mendía; Galicia, Alfonso Rueda; Canarias, José Miguel Ruano; Navarra, Javier Caballero; Madrid, Francisco Granados; Asturias, María José Ramos, y Aragón, Rogelio Silva. Cataluña ha estado representada por la secretaria de Relaciones con la Justicia, Carme Virgili; La Rioja, por el director general de Justicia, Miguel Sainz; Andalucía, por el secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo, y la Comunitat Valenciana, por el director general de Justicia, Antonio Gastaldi.

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