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COMUNIDADES

Las autonomías se niegan a ser discriminadas respecto a Cataluña

Comunidades autónomas con gobiernos de distinto signo político, así como el Ayuntamiento de Madrid, han advertido al Gobierno de que no están dispuestas a recibir un trato discriminatorio respecto a las concesiones dadas a Cataluña.

Comunidades autónomas con gobiernos de distinto signo político, así como el Ayuntamiento de Madrid, han advertido  al Gobierno de que no están dispuestas a recibir un trato discriminatorio respecto a las concesiones dadas a Cataluña.

La autorización del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al de la Generalitat catalana, Artur Mas, a endeudarse ha provocado una oleada de críticas por parte de comunidades como Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Madrid, a los que se les prohibió emisiones de deuda hasta que no regresaran a la senda de la consolidación fiscal.

Críticas de los 'populares'

Así, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP), ha solicitado una reunión urgente con Zapatero para «desbloquear» la autorización de endeudamiento y ha criticado el «empeño obsesivo» de no dar a su región «lo que se merece», mientras que el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo discrimina a la ciudad de Madrid por razones políticas.

También, desde el PSOE

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, ha advertido que no aceptará «ningún tipo de trato discriminatorio» del Gobierno, al que ha exigido igualdad de trato se viva donde se viva. Barreda ha recordado que la Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la ley, por lo que está convencido de que el Gobierno «tratará de la misma manera a todas las comunidades y no va a privilegiar a ninguna de ellas».

El Gobierno niega privilegios

Pese a estas críticas, el Gobierno ha negado que haya un trato de privilegio con Cataluña y ha explicado que la deuda que la Generalitat de Cataluña podrá emitir antes de aprobar su plan de ajuste tiene como objetivo cubrir una deuda sanitaria de 2006 reconocida en 2007 y las amortizaciones de la deuda a largo plazo que vence este año.

Solo cuando apruebe su plan de viabilidad, que implicará recortar el gasto en al menos un 10% este año respecto a 2010, se le autorizará a emitir nueva deuda, han recalcado fuentes gubernamentales.

Reacción de casi todas las autonomías

La mayoría de las autonomías ha reaccionado a los resultados de la reunión entre Zapatero y Mas, como el Gobierno valenciano, del PP, que va a solicitar la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir «en un plano de igualdad» sobre los criterios para fijar los límites de endeudamiento de las autonomías.

La Xunta de Galicia, también del PP, considera que el acuerdo con Mas «incumple lo pactado» en el CPFF y «sustituye este foro por una negociación bilateral».

Desde la Junta de Castilla y León, su vicepresidente segundo, Tomás Villanueva (PP), ha criticado que se permita operaciones de endeudamiento a unos sí y que se salten órganos colegiados como el CPFF.

También el presidente riojano, Pedro Sanz (PP), ha exigido al Gobierno que explique por qué aplica una norma de manera diferente en una u otra región, «en función del interés partidista, electoral u oportunista».

En esta misma línea, el presidente navarro, Miguel Sanz (UPN), ha manifestado que las decisiones de Zapatero «no tienen que generar agravios comparativos entre las comunidades autónomas». Si todas la comunidades han tenido que cumplir con los límites en materia de déficit establecidos en el CPFF, «y Navarra los ha cumplido estrictamente, quienes se han pasado no pueden tener el favor de la administración central», ha sostenido.

El presidente canario, Paulino Rivero (CC), ha recordado a Zapatero su obligación de tratar a todas las comunidades con «equilibrio, objetividad y sin ningún tipo de arbitrariedad».

Miguel Ángel Revilla (PRC), presidente de Cantabria, ha criticado la decisión del Gobierno y ha señalado que el Parlamento se ha convertido en un «mercado persa» donde los nacionalistas van «a tirar de la cuerda» con acuerdos que no son «gratis».

Entre las comunidades socialistas, la Junta de Andalucía cree que el acuerdo entre Zapatero y Mas no pondrá en peligro la igualdad entre comunidades, por lo que no está «inquieta».

Tampoco está preocupado el gobierno socialista de Asturias, para quien el acuerdo no es discriminatorio con el resto de comunidades.

Al vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, le parece que todos los ejecutivos autonómicos intentan siempre obtener más financiación del Gobierno central, pero ninguno lo consigue excepto Artur Mas.

Desde los partidos, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha instado a Zapatero que «explique» por qué todos los españoles van a tener que pagar el «despilfarro» del tripartito en Cataluña y también la política de deuda de las autonomías.

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