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Nacional

MEMORIA HISTÓRICA

Las asociaciones reclaman a Garzón la apertura de ocho nuevas fosas

Entre los enterramientos hay uno en la localidad cacereña de Trujillo con más de cien cadáveres.

Las asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica pidieron al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que autorice la apertura de ocho nuevas fosas comunes de asesinados por la represión franquista en Extremadura, Navarra y Castilla y León.

El letrado Fernando Magán, que representa a una veintena de colectivos denunciantes, explicó que las asociaciones se han dirigido a Garzón porque, a pesar de su inhibición, la Audiencia Nacional todavía no ha decidido sobre la competencia en este sumario y quiénes deben ser los que autoricen las inhibiciones. El propio magistrado, en el auto en el que anunció que abandonaba la causa, ya garantizó que, no obstante, tramitaría todas las peticiones hasta que no fuera firme la inhibición.

La fosa más importante que los colectivos de memoria histórica han pedido abrir es la que se encuentra en el cementerio de Villamesías, en el partido judicial de la localidad cacereña de Trujillo. Allí, según los denunciantes, habría no menos de cien cuerpos de milicianos republicanos de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz y Cáceres. Estos combatientes sufrieron una emboscada la tarde del 2 de agosto de 1936 a manos de un regimiento del bando nacional que ametralló la columna y que no hizo prisioneros. Todos los cadáveres fueron enterrados en una fosa común, en el cercano cementerio de Villamesías, según explicaron los vecinos y los supervivientes de la columna atacada.

Los denunciantes también piden permiso para abrir dos columbarios con restos de republicanos situados en el Valle de los Caídos, en los que podría haber una decena de cadáveres. El juez de la Audiencia Nacional ya ordenó abrir otra cripta del mausoleo franquista, en la que habría ocho cuerpos.

Además, las asociaciones que representa Magán reclaman autorización para abrir dos fosas y una cripta en las inmediaciones de la Iglesia de San Cristóbal, en la localidad navarra de Barañain; otra en el pueblo pacense de Valdecaballeros y una última en la carretera que une Miranda del Ebro (Burgos) y Alsasua (Navarra).

Asimismo, los colectivos aportan datos sobre otro enterramiento en la localidad sevillana de Coria del Río para que la Audiencia Nacional investigue, aunque por el momento no piden autorización para comenzar las exhumaciones en este último paraje.

Garzón se defiende

Entre tanto, el magistrado Garzón envió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su escrito con las alegaciones contra los argumentos de la Fiscalía, que desde el principio defendió que el magistrado no era competente para investigar los crímenes del franquismo. A los largo de una decena de páginas, el instructor defiende su decisión inicial de abrir un sumario por estos hechos y su negativa de la pasada semana a seguir investigando, una vez comprobó que todos los posibles responsables de las matanzas están ya muertos. Ninguna de las partes personadas, explicaron fuentes judiciales, ha recurrido el fallo de Garzón que dejan en manos de los juzgados provinciales los desenterramientos.

La Sala de lo Penal se reunirá el próximo miércoles, en principio, para estudiar los recursos contra la paralización de las aperturas de fosas dictadas por este órgano el pasado 7 de octubre, aunque no se descarta que tome una decisión definitiva sobre el archivo de la causa abierta por Garzón.

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