Quizá si no hubiera sido Aznar quien afirmó que el actual Estado de las autonomías es política y financieramente "inviable", otro gallo habría cantado, pero el discurso del ex presidente del Gobierno ha puesto una vez más en pie de guerra a sus principales detractores, los partidos nacionalistas, y ha contribuido a agitar un debate que tanto el PSOE como el PP pretendían abordar de manera más relajada. La polémica se acrecentó ayer con la provocadora propuesta del secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, quien animó a los dos partidos mayoritarios a plantearse si no habría que reducir el número de autonomías.

Duran, portavoz de CiU en el Congreso y negociador del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en las comisiones bilaterales con la administración central, demandó ayer a Zapatero y Rajoy valentía para abordar este debate de las autonomías, en el transcurso de un acto de su partido para las municipales del 22 de mayo.

No fue el único en aprovechar la intención de los dos grandes partidos de meter mano a la ordenación territorial para arrimar el ascua a su sardina. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ya defendió el sábado que, si el modelo ha "quebrado", se abre una oportunidad de ir hacia otro sistema fundamentado en la "libre adhesión de naciones" para que el País Vasco, Cataluña y, en su caso, dijo, Galicia "encuentren su equilibrio en esa estructura política llamada Estado español".

CiU y el PNV llevaron la discusión mucho más allá de lo que, desde luego el PSOE, pero también el PP habrían imaginado. Porque pese a que sobre los populares sobrevuela la idea de que lo que realmente pretenden es recuperar competencias para el Estado -un planteamiento que no es gratuito y que surge de pronunciamientos realizados por el propio Mariano Rajoy en la anterior legislatura al calor de la reforma del 'Estatut'- ni uno ni otro están ahora en esa jugada.

Ya en su programa electoral para las generales de 2008 la formación conservadora renunció, de hecho, a plantear algo semejante. Simplemente, abogó por una reforma constitucional para blindar las competencias atribuidas al Estado, asegurar su viabilidad y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.

En octubre Rajoy presentó las líneas maestras, aún sin concretar, de la propuesta que, presumiblemente, dará a conocer en la convención que su partido celebra el próximo fin de semana en Sevilla. Entre ellas, estaría la de retomar esa reforma constitucional para fijar un techo de gasto a las comunidades autónomas, pero en general habló de eliminar los obstáculos que el modelo vigente plantea a la recuperación económica. Es decir, algo no tan diferente de lo que planteó Zapatero el pasado lunes, durante la presentación del informe económico de 2010, cuando afirmó que el Gobierno se plantea revisar "ataduras" relacionadas con las diferencias de regulación entre comunidades autónomas que "todavía limitan la capacidad de nuestra economía".

De lo que, en principio, hablaban unos y otros era de quitar la 'grasa' al Estado autonómico. Pero, aún así, todo apunta a que la proximidad de las elecciones de mayo les llevará a exacerbar más lo que les separa que lo que les une y que supondrá un escollo para el entendimiento.

Ajustes

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, defendió ayer en un acto en Elche que el modelo necesita "ajustes que eviten duplicidades y situaciones de enfrentamientos entre territorios", pero alegó que la solución no es "cuestionar el modelo", como, a su juicio, hizo Aznar. Y conminó a Rajoy a aclarar si comparte el "recorte" que propone su antecesor.

Lo cierto es que hace unos meses, las posibilidades de acuerdo no parecían tan lejanas. "Acojo con satisfacción su propuesta y daremos los pasos para empezar a dialogar sobre la financiación de las entidades locales y la sostenibilidad de las cuentas públicas en la administración territorial", dijo el pasado octubre en el Senado Zapatero al portavoz popular en esa cámara, Pío García-Escudero.

En lugar de sentarse a hablar, cada cual se ha embarcado en la búsqueda de su propio modelo. El PSOE dará a conocer el suyo en una convención en Zaragoza el último fin de semana de enero. Todo, pese a amplias coincidencias. Ambos cuestionan el gasto que suponen las televisiones públicas de carácter regional o local; ambos entienden que carece de sentido que existan, por ejemplo, 17 defensores del pueblo y, aunque de momento mantengan este debate en el plano teórico, ambos coquetean con la idea de reducir el número de ayuntamientos, son más de 8.000 y mucho de ellos no tienen la más mínima capacidad de autofinanciarse.