La Justicia está hecha unos zorros, y no solo por falta de medios, sino por el ganado que tenemos al frente". La polémica frase del ex presidente Felipe González, pronunciada en un congreso del PSOE andaluz en marzo, resume bien a las claras la desconfianza y las diferencias que históricamente han presidido las relaciones entre la clase política y el poder judicial, teóricamente independiente pero salpicado por demasiadas dudas.

Asuntos de plena actualidad como el Estatuto de Cataluña, el caso Garzón o la trama Gürtel han venido a emponzoñar, más si cabe, la convivencia entre las dos instituciones del Estado. Los ataques al Tribunal Supremo y al Constitucional o las críticas al Consejo General del Poder Judicial son la punta de lanza de la excesiva influencia que los dos grandes partidos políticos, el PSOE y el PP, pretenden ejercer sobre la administración judicial, con el fin no confesado de favorecer sus intereses y sus cálculos electorales.

No sorprende, por lo tanto, que la justicia sea hoy la institución peor valorada por los ciudadanos, pese a que no está entre sus diez primeras preocupaciones. La última encuesta del CIS le daba un suspenso (3,74 sobre 10), y eso que los niveles de confrontación no habían alcanzado la tensión actual.

Magistrados y juristas consultados coinciden en afirmar que la concurrencia en el tiempo de dos asuntos excesivamente mediatizados (el Estatuto de Cataluña y caso Garzón) ha agrandado el tumor que sufre el sistema judicial español. Un quiste que supura por dos hendiduras: la excesiva influencia del poder político, sobre todo en las altas instancias judiciales, y el modelo actual de órgano de gobierno de los jueces, con un peso preponderante de las asociaciones a la hora de efectuar los nombramientos de altos cargos.

Con razón o sin ella, el contraataque de la cúpula judicial es un hecho sin precedentes en democracia, que viene a demostrar el hastío de un colectivo que había asistido como espectador neutro a la "desmesurada" politización de los asuntos judiciales y, de forma colateral, a la "excesiva" judicialización de la vida pública.

"Nosotros estamos para resolver conflictos. El problema es que a veces alcanzan un impulso mediático de difícil control", reconoce el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín. "Simplemente se ataca ferozmente aquello que políticamente no interesa, también las decisiones judiciales", añade el juez decano de Valencia Pedro Viguer.

Los juristas preguntados ponen el punto de partida de la politización de la justicia en una norma aprobada en 1985 que supuso un cambio radical en la designación de los vocales del CGPJ: se impuso un sistema de cuotas en la que ganaban peso los nombramientos de los partidos políticos.

El paradigma de un gobierno judicial que acabó viciado tuvo lugar con el anterior consejo. Permaneció dos años en funciones tras la imposibilidad manifiesta de los partidos de acordar su renovación. Detrás de esta parálisis se encontraban intereses políticos, entre ellos el cambio de color político en marzo de 2008. El PP no parecía dispuesto en soltar su última cuota de poder institucional. "La impronta que dejó aquel consejo es la imposición de mayorías cualificadas como expresión de una voluntad política. Se creó un parlamento paralelo que contaminó la función administrativa del gobierno de los jueces", recuerda el catedrático de Derecho Constitucional Juan José Solozábal.

El académico no cree que la situación que se vivió en el consejo entonces tenga mucho que ver con el escenario actual del TC. Todos los partidos, sin excepción, han criticado la demora de una sentencia "compleja y trascendental", según Solozábal.