La Guardia Civil apunta directamente a los funcionarios de la Policía en el chivatazo a ETA. Los expertos del Instituto Armado, a los que el juez del caso Pablo Ruz reclamó el 24 de enero un informe pericial sobre los cortes en la grabación del bar Faisán en los instantes en que se produjo el soplo, creen que esos tijeretazos en los momentos clave de la delación no fueron «accidentales» sino intencionados, y que esta censura fue hecha en el mismo momento en que se producían los hechos.

El estudio, entregado el pasado viernes a Ruz, descarta la hipótesis de que esos saltos, como sostenía el equipo de investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, fueran producto de «agentes externos» o que hubieran ocurrido «accidentalmente o por deterioro». Los técnicos de la Guardia Civil, tras analizar el denominado vídeo de vigilancia 122, señalan directamente a los funcionarios de Carlos G., el jefe del equipo que investigaba la trama de extorsión de ETA y que indagó el chivatazo a los recaudadores de la banda el 4 de mayo de 2006.

Recuperación de imágenes

El juez también preguntó hace tres semanas a los analistas de la Benemérita si había alguna «técnica audiovisual por la que pueda llevarse a cabo la recuperación de las imágenes borradas». La respuesta de los agentes a la Audiencia Nacional es rotunda: no. Es imposible, según la Guardia Civil, porque técnicamente no son imágenes borradas, sino saltos en la grabación, ya que las cámaras dejaron de registrar lo que ocurría a las puertas del Faisán justo en el momento en que, supuestamente, un policía entró en el local de Irún para entregar un móvil a su dueño, Joseba Elosúa, desde el que otro funcionario -o mando policial- advirtió al sospechoso de la inminente operación antiterrorista. Y todo ello bajo el argumento de no interferir en el proceso de paz en marcha, ya que iba a ser detenido un destado miembro del PNV por su intermediación.

Los cortes que ha analizado la Guardia Civil a petición del juez son dos. Uno fue entre las 10.52 y las 10.55 del 4 de mayo de 2006, momento en el que presuntamente el policía entró en el Faisán; y otro, de 16 segundos, se produce de las 11 horas, 11 minutos y 12 segundos hasta las 11 horas, 11 minutos y 28 segundos, cuando el funcionario habría abandonado el bar.

Los dos funcionarios del equipo de Carlos G. que ya declararon ante el anterior instructor del caso, Baltasar Garzón, en octubre de 2009, aseguraron entonces que esos «saltos» se explicaban por el desgaste de las cintas de VHS, que habían sido regrabadas en multitud de ocasiones durante las vigilancias. Una versión que Garzón dio por buena entonces y que la Guardia Civil contradice.

Más diligencias

El informe del Instituto Armado será completado en breve con otras diligencias que el juez Pablo Ruz reclamó el 24 de enero. El instructor pidió al propio equipo de Carlos G. un atestado ampliatorio en el que explicara la causa por la que se produjeron esos cortes tan inoportunos y que la Policía le hiciera llegar una «certificación de la cadena de custodia» de la cinta, en la que identificara a todos «los funcionarios o terceros» que tuvieron acceso a la grabación hasta que esta fue entregada en la Audiencia Nacional.

También pidió a los funcionarios del CNP otras tres diligencias: que detallaran si en los cinco días anteriores y los cinco posteriores a la delación policial se observaban cortes o saltos en las cintas parecidos a los de los momentos clave del chivatazo; la hora exacta en que se produjo la salida de Elosúa de su bar y «un estudio pericial fisionómico» para contrastarlo con la «imagen real» del inspector de Álava que, supuestamente, habría entregado a Elosúa el móvil con el que se habría producido el chivatazo. Este inspector de Vitoria es uno de los tres imputados en esta causa.