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TERRORISMO

La Justicia francesa prevé consecuencias jurídicas en la operación contra Batasuna

La ilegalización se decide por decreto de Sarkozy previo informe del Ministerio del Interior.

La Justicia antiterrorista francesa está convencida de que la operación de la semana pasada contra la cúpula de la Batasuna legal, pese a culminar con la liberación sin cargos de los 14 dirigentes y militantes detenidos, tendrá consecuencias jurídicas a medio plazo. La acumulación de pruebas sobre una vinculación orgánica con ETA aparece como la piedra angular de una eventual ilegalización mediante decreto presidencial de Nicolas Sarkozy previo informe del Ministerio del Interior.

En los juzgados antiterroristas de París no se disimula la satisfacción por los resultados de las investigaciones dirigidas en persona sobre el terreno por los magistrados instructores Laurence Le Vert, Marie-Antoinette Houyvet y Edmond Brunaud así como un vice-procurador de la Fiscalía. "Hemos hecho la operación que deseábamos, hemos encontrado lo que queríamos y nos hemos enterado de muchas cosas", señalaron fuentes de las pesquisas sin dar detalles sobre el ámbito ni el alcance de las averiguaciones.

En tres días de minuciosos registros a la sede de Batasuna, en la calle Cordeliers de Bayona, las fuerzas de seguridad galas se incautaron de una voluminosa documentación interna de tipo político, doctrinario, financiero y contable, tanto en papel como en soportes informáticos. Equipos de policía científica recogieron en el local y en viviendas inspeccionadas muestras orgánicas para identificar huellas genéticas además de tomar muestras de ADN a los arrestados y, en algunos casos, a familiares.

La explotación del fondo documental, en especial la confiada a los expertos policiales en delitos monetarios, se anuncia prolongada y requerirá investigaciones complementarias. "El trabajo no hace más que comenzar", indicaron los medios citados, que se declararon convencidos de que el caso tendrá repercusiones judiciales. De hecho dieron a entender que se producirán inculpaciones de responsables de Batasuna al juzgar "prematuros" los cantos de victoria por la puesta en libertad sin cargos de su plana mayor.

Desde el Palacio de Justicia de París, donde fiscales y jueces especializados investigan a Batasuna por presuntas financiación y cobertura de actividades terroristas, se pasa la pelota de la ilegalización al Ministerio del Interior. Al departamento dirigido por la vascofrancesa Michèle Alliot-Marie le correspondería iniciar los trámites de una 'disolución administrativa' en virtud de una ley de 1936 relativa a los grupos de combate y las milicias privadas.

Su artículo primero y único estipula los motivos por los que se puede ilegalizar a una asociación de hecho, estatuto que tiene Batasuna en Francia al amparo de una ley centenaria promulgada en 1901. Entre ellos figura, añadido desde 1986 en el apartado séptimo, el hecho de dedicarse, "en el territorio francés o a partir de ese territorio, a actuaciones con vistas a provocar actos de terrorismo en Francia o en el extranjero".

Al banquillo

En caso de activarse el procedimiento, los primeros en enterarse serían los dirigentes de Batasuna en el País Vasco francés. La ley relativa a los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones obliga a que el proceso sea contradictorio. Una carta del Ministerio del Interior advierte a los afectados de que el Gobierno tiene intención de proponer al presidente de la República la disolución y expone los motivos.

Además les comunica que disponen de un plazo de diez días para enviar sus observaciones a la Dirección de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos.

La ilegalización, finalmente, se produce por decreto del jefe del Estado promulgado en Consejo de Ministros. Esta es la vía empleada para disolver a asociaciones subversivas, paramilitares y extremistas. Uno de los casos más significativos fue la prohibición del grupúsculo neonazi Unidad Radical, proscrito en 2002 pocas semanas después del atentado fallido de uno de sus activistas contra el entonces presidente Jacques Chirac.

En última instancia la decisión es política. Como observa Bertrand Mathieu, profesor de la Sorbona, "el Gobierno no tiene la obligación de pronunciar una disolución cuando las condiciones están reunidas". "Aprecia, en ese caso, la oportunidad de esa medida", añade el jurista. Es lo que hace ahora el Ejecutivo de Sarkozy con una formación inscrita en la lista de organizaciones consideradas terroristas por la Unión Europea. Según el diario 'Le Monde', "París, bajo la presión española, estudia el escenario de una puesta fuera de la ley de Batasuna".

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