La justicia europea condena a España por no proteger a las víctimas de las mafias de la inmigración

El Gobierno ha agotado la paciencia de la Unión Europea por su pasividad a la hora de proteger legalmente a las víctimas de las mafias inmigración. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), tras reiteradas denuncias de la Comisión, ha condenado a España por "incumplir sus obligaciones" al llevar más de cinco años sin incorporar a la legislación la directiva que obliga a dar la residencia y «garantizar la subsistencia y protección» de los extracomunitarios 'sin papeles' que hayan sido explotados por las redes y que haya ayudado a la Policía a desarticular estos grupos dedicados a la trata de personas. El Ejecutivo presentó el pasado 26 junio el anteproyecto de reforma de la ley de extranjería que finalmente incluye la polémica directiva, lo que no ha evitado la condena de la corte.

El fallo de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia recalca que el Gobierno "no ha adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento" a la directiva 2004/81/CE, a pesar de que ésta fue aprobada en abril de 2004 y de que España tenía como plazo máximo para trasponer esta normativa hasta 5 de agosto de 2006 (dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea).

La condena al Estado, que es sólo moral puesto que únicamente acarrea pagar las costas del proceso, no ha sorprendido en absoluto al Ejecutivo, que sabía que la Comisión Europea había denunciado en septiembre de 2008 a España ante la corte de Luxemburgo por su desidia para legislar a favor de estos inmigrantes explotados.

La Comisión Europea había decidido recurrir al órgano de control del derecho comunitario después de, tal y como marca la ley, haber requerido varias veces a España para pusiera fin al incumplimiento de proteger a las víctimas de las mafias de la inmigración.

Desde que esa denuncia se registrara en la corte hace más de nueve meses, las autoridades españolas habían intentado acelerar al máximo la tramitación de la que será cuarta reforma de la Ley de Extranjería, que traspone siete directivas (entre ellas la de proteger a las víctimas de la trata de seres humanos), para evitar la reprobación oficial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, algo que finalmente no han conseguido.

El nuevo artículo 59 de la futura ley establece que el 'sin papeles' podrá "quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a las autoridades a los autores o cooperadores del tráfico de personas, o coopera con los funcionarios policiales proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores".

La polémica directiva, que el Consejo de la Unión Europea consideraba como uno de los ejes para luchar contra los grupos que trafican con personas, obliga a los estados a «informar» a todas las víctimas de la posibilidad de cooperar con las «autoridades policiales, fiscales y judiciales». También ordena a los gobiernos que, habida cuenta de la «vulnerabilidad» de estos inmigrantes, establezcan una «asistencia» que les «permita recuperarse y librarse de la influencia» de esos grupos mafiosos que les introdujeron en Europa, incluidos «tratamientos psicoterapéuticos» si así lo necesitaran.