La justicia española tiene pendientes de ejecutar mas de un millón y medio de sentencias

La administración de justicia española tiene pendientes de ejecutar más de un millón y medio de sentencias, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra de 270.000 fallos pendientes en el orden penal conocida es sólo la punta del iceberg del colapso que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales, y que provoca que la misión de "juzgar y hacer cumplir lo juzgado" que la Constitución impone a los tribunales sea una mera quimera.

Pese a la situación de los juzgados penales, donde la situación alcanza tintes dramáticos es en la jurisdicción civil, la que dirime las disputas entre particulares por hechos no delictivos, como los conflictos mercantiles o la aplicación de la legislación de familia en toda su extensión: pareja, menores y herencias... Los juzgados civiles de primera instancia acumulaban el pasado 31 de diciembre un millón de sentencias aún sin ejecutar.

A esa cifra hay que sumar casi 40.000 resoluciones más sin materializar en juzgados civiles especializados en asuntos de familia, menores, mercantiles, y de violencia de género.

Síntoma más preocupante si cabe de la estadística es que, además, el atasco en este orden judicial va en claro aumento. En 2007 se ejecutaron 80.000 sentencias menos que el número de resoluciones nuevas dictadas por los tribunales civiles, con lo que la pendencia se elevó.

La segundo gran cúmulo de sentencias sin ejecutar se registra en el orden penal, el que se encarga de enjuiciar los delitos, que acumula 403.591 fallos sin resolver. La acumula las 270.000 resoluciones ya conocidas sin resolver en los juzgados de lo penal, las 93.000 que esperan en los juzgados de instrucción -procedentes de juicios rápidos y de faltas-, las algo más de 19.000 de las audiencias provinciales (delitos graves), y las 2.931 sentencias pendientes de ejecución en la Audiencia Nacional (terrorismo, narcotráfico y grandes delitos económicos).

En los órdenes contencioso-administrativo y social, el atasco no es menor que en los anteriores, pero sí menos llamativo en proporción gracias a que el número de sentencias que dictan cada año este tipo de tribunales -entre 15.000 y 50.000- es bastante más bajo.

La jurisdicción contenciosa administrativa, los jueces que resuelven los litigios entre los particulares y los diferentes poderes públicos (estatales, autonómicos o municipales), acumula 15.923 sentencias sin resolver y el orden social, el árbitro de las relaciones laborales, tiene pendiente de ejecutar 42.928 fallos.

La justicia militar sOlo se incardina en el sistema judicial español a través de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, por lo qua el CGPJ no la incluye en sus estadísticas.

Matices al colapso

Javier Martínez Lázaro, vocal del sector progresista, pidió al CGPJ que matice los datos referentes a las sentencias pendientes de ejecución, porque considera que se está creando una alarma social injustificada. No niega la existencia de un grave problema, "que requiere de una ampliación de plantillas y de una mejora de los procedimientos de gestión", pero aclara que sentencia "pendiente de ejecución" no es sinónimo de sentencia "sin ejecutar".

Indicó que la mayor parte de estas sentencias ya se encuentran en trámite de ejecución, incluso iniciado el cumplimiento de la pena, pero no se tienen por ejecutadas mientras queden pendientes por abonar multas o indemnizaciones o termine de cumplirse la orden de alejamiento o el período de retirada del carnés de conducir, por ejemplo.

El segundo matiz que propone Martínez Lázaro es que, gracias a los planes de refuerzo en los juzgados penales, en los últimos dos años el número de ejecutorias pendientes se ha reducido en más de 70.000 en cada ejercicio.

Al mismo tiempo que se conocía el volumen total de sentencias sin ejecutar en España, el Consejo General de la Abogacía Española reveló otro dato preocupante: empeora la opinión de los letrados sobre la situación de la justicia. El 71 por ciento de los abogados españoles, un termómetro fiable por su diario y privilegiado contacto con los tribunales, considera que la justicia funciona mal o muy mal. Esta respuesta rotunda incrementa el malestar detectado por el mismo barómetro profesional hace tres años, cuando sólo el 65 por ciento de los letrados defendió esta valoración tan negativa.