El fiscal Anticorrupción Luis Pastor solicitó la prisión incondicional del alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, uno de los nueve detenidos en la operación Pretoria contra la corrupción que declaran hoy viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, según explicó su abogado, Fermín Morales.

El magistrado aplazó alrededor de las 15.15 las comparecencias después de tomar declaración a seis imputados, entre los que se encontraban además del alcalde, los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; el empresario Manuel Carrillo; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; y el ex diputado del PSC Luis García.

La Fiscalía pidió la prisión de Muñoz por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, pero no por blanqueo de capitales, según explicó el letrado, quien añadió que el juez no preguntó a su cliente si tiene cuentas bancarias fuera de España o si se ha enriquecido durante los últimos años. Sus preguntas se limitaron, según explicó, a servicios y adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Santa Coloma.

Muñoz, que fue el quinto detenido en declarar ante Garzón, destacó también en su declaración que no conoce de nada a Alavedra y Prenafeta, por lo que su conexión con los detenidos se limita a que ha tenido trato con su compañero de partido Luis García, 'Luigi', presunto cerebro de la trama.

No se plantea dimitir

El letrado también destacó que el regidor no se ha planteado de momento dimitir de su cargo y que siempre ha colaborado con los investigadores, incluso cuando se realizaron los registros en la sede de las empresas municipales. "El alcalde se encuentra entero pero sorprendido y desconcertado por la dimensión que ha adquirido todo este asunto", dijo.

Por su parte, la defensa de Alavedra y Prenafeta, que ejerce el abogado Juan Córdoba, explicó que su declaración se prolongó durante 45 minutos y una hora, aproximadamente, aunque no quisieron confirmar si el fiscal solicitó su ingreso en prisión. "Se encuentran mal anímicamente aunque no han necesitado asistencia forense", explicó el letrado.

Las declaraciones se reanudarán esta tarde con las comparecencias del director gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pasqual Vela; el presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana; y el presidente de Proinosa, Josep Singla.

Prisión para un empresario

Otro de los implicados en la presunta trama corrupta, el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, quedó en libertad tras declarar esta mañana por espacio de algo menos de una hora ante el juez Garzón. Tendrá que regresar a las ocho de la tarde a la sede judicial para que se le notifique si se le impone la fianza de 100.000 euros que solicito para él el fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luis Pastor.

Fuentes presentes en la declaración señalaron que Carrillo negó durante su declaración cualquier relación con los hechos, que le vinculan con una supuesta trama de corrupción en el ayuntamiento barcelones. Tras el interrogatorio de este empresario entró en el despacho del juez el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluis Prenafeta, al que siguió el ex militante del PSC Luis García Sáez 'Luigi'

Carrillo fue detenido el miércoles en su domicilio madrileño y permanecía en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil del municipio de Las Rozas. Esta mañana llegó a la sede de la Audiencia Nacional acompañado de su abogado, y fue el primero en prestar declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Salvo Carrillo, el resto de detenidos en la operación Pretoria, desarrollada entre el martes y el miércoles para desarticular una presunta trama de corrupción urbanística que habría operado en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), llegaron esposados a las 7.30 de la mañana a la Audiencia Nacional en el interior de un furgón y comenzaron a declarar ante el juez Baltasar Garzón a las diez de las mañana.

Los arrestados, con excepción de Carrillo, llegaron en un furgón desde la cárcel madrileña de Soto del Real hasta la Audiencia Nacional. En las puertas de la Audiencia, los agentes entregaron a cada uno de ellos sus pertenencias en bolsas de basura azul marino.

La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.

La operación parte del denominado 'caso BBVA-Privanza', que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.

Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.

En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como 'cerebro' y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.